La nueva ley de la vivienda estatal solo tiene dos meses de vida, pero levanta pasiones. El reciente texto legal ha entrado con fuerza a la campaña electoral de las generales, y es una de las leyes progresistas que el PP ya ha avanzado que quiere derogar si gana las elecciones. Cuando todavía no se han desplegado las medidas previstas a la primera ley estatal que regula el derecho a la vivienda desde la aprobación de la Constitución del 78, hay formaciones políticas que pronostican su fin, porque ha generado “inseguridad jurídica”, como afirma Alberto Núñez Feijóo.
Estos mensajes políticos se refuerzan con estudios encargados por agencias inmobiliarias, como Tecnocasa, que auguran la desaparición de unos 100.000 inmuebles del mercado de alquiler, porque sus propietarios buscarán otras opciones de negocio a causa de la aprobación de la nueva ley. En este mismo sentido, el Banco de España, en su informe anual del 2022, afirmaba sobre la futura ley que aspectos como “el control de rentas podría generar efectos indeseados a corto plazo” y consideraba “fundamental evaluar con rigor la capacidad de la nueva normativa para conseguir de forma efectiva sus objetivos”.
En declaraciones a EL TRIANGLE, tanto la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) como el Sindicat de Llogateres afirman que “la ley es floja” y que “se ha quedado corta”, pero, a la vez, reclaman que se cumplan las medidas previstas en la normativa.
El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès Jové, quiere dejar claro que “vigilaremos que la regulación de los precios del alquiler llegue lo antes posible, y cuando estén en vigor velaremos para que se cumplan”. Actualmente, los límites al precio de alquiler, previstos en la ley para zonas de mercado residencial tensionado, todavía no están vigentes en ningún territorio de España. Según explica Enric Aragonès Jové, “hay unos trámites que todavía se tienen que hacer” y por ahora Cataluña es la única comunidad que los tiene avanzados.
La Generalitat publicó el 22 de junio pasado en el DOGC “el anuncio de información pública para la declaración de los ámbitos territoriales donde hay un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible y donde se implementarán las medidas de contención de rentas”. El periodo de veinte días para que administraciones, entidades y particulares puedan presentar alegaciones se acabará justo antes de la cita electoral del 23 de julio, y el Sindicat de Llogateres pide a la Generalitat celeridad en la tramitación de estas posibles alegaciones. Para el portavoz del Sindicat, “la tramitación se tiene que hacer lo antes posible y no perder ni un solo día, porque no tiene ningún sentido tener la ley aprobada pero no poderla utilizar. Una vez resueltas las alegaciones y emitida la documentación pertinente al Gobierno estatal, según Enric Aragonès Jové, solo hace falta que el ejecutivo central lo publique al BOE. “No tiene que aprobar ni avalar nada de la Generalitat, solo tramitar la publicación al BOE”, para que se tenga conocimiento de estos 140 municipios catalanes con una oferta insuficiente de vivienda asequible y que cumplen los requisitos que marca la ley para implementar las medidas de contención de las rentas.
La pérdida de gran parte de los gobiernos territoriales por parte del PSOE hará que pocas comunidades avancen en la limitación de los precios del alquiler. En València, las Illes Balears o el Aragó ya no será posible con el PP en el poder.
Reequilibrar la relación entre el arrendador y el locatario es otro de los retos de la ley. Una de las medidas establece que los gastos de las gestiones inmobiliarias y de la formalización de los contratos tienen que ir a cargo del arrendador del piso. A pesar de la norma vigente, la realidad no es esta, y muchos locatarios están asumiendo estos gastos. El Sindicat de L denuncia llogateres que estas prácticas todavía están vigentes hoy en día, y que las agencias se inventan nuevos conceptos como por ejemplo “asesoramiento en la busca del piso” o “entrega de una copia de las claves del piso” para “intentar engañar el espíritu de la ley”. Desde el Sindicat se pide que la gente se informe muy bien de sus derechos, y han puesto una web al servicio de las personas locatarias para que conozcan como “recuperar los honorarios estafados por las inmobiliarias”. Han llegado más de 300 quejas a la web, y cuando piden a los colegios profesionales del sector inmobiliario que actúen, “nos dicen que los que hacen estas prácticas no están colegiados ni están registrados, pero esto no es así”. Según el portavoz, “no hay diferencia entre colegiados o no colegiados a la hora de hacer estas prácticas tramposas”.
Los locatarios son cautivos de las agencias, porque necesitan acceder a los pisos, y el portavoz sostiene que, de acuerdo con estudios hechos, “la probabilidad que te suban el alquiler si hay una inmobiliaria por el medio es mucho más alta que si no está. Su presencia genera un efecto al alza de los precios y, por eso, están en contra de esta ley”.
