Educación recurrirá al Supremo las sentencias del TSJC que amplían el castellano en tres aulas

El departamento empezará a desplegar el Título Segundo de la Ley de Educación de Cataluña para regular los usos lingüísticos

    La consejera de Educación, Anna Simó, atendiendo a la prensa (ACN)

    La consejera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, ha anunciado que el departamento que lidera presentará un recurso al Tribunal Supremo contra las tres resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenan impartir una asignatura troncal en castellano en tres aulas escolares. La consejera ha considerado “vergonzoso” que la Generalitat se haya enterado del pronunciamiento del TSJC a través de la prensa, y ha acusado al tribunal de “querer entrar en campaña electoral”. Inicialmente, ha avanzado, no prevén acatar ninguna medida “porque una sentencia no es firme hasta que acaba todo el procedimiento”.

    “El TSJC está haciendo política desoyendo la legislación de la que se ha dotado el Parlament y el gobierno de la Generalitat”, ha espetado Simó, refiriéndose a la ley del catalán en la escuela “que se acordó para frenar el 25% de castellano”. La consejera también ha criticado que el tribunal se haya pronunciado antes de que el Tribunal Constitucional haya resuelto los recursos presentados contra la ley mencionada.

    “Entendemos que se ha querido avanzar y no entendemos por qué, a no ser que quieran preparar el terreno para chutar a portería”, ha añadido, acusando al TSJC de estar “sustituyendo” al Parlamento como poder legislativo catalán. Simó ha asegurado desconocer a qué aulas y a qué escuelas afectan los tres recursos resueltos sobre el uso del castellano y ha avanzado que el próximo lunes Educación empezará a desplegar el Título Segundo de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para regular los usos lingüísticos en las aulas.

    Al respecto, la consejera ha especificado que ahora empezarán a tramitar el decreto que tiene que permitir desplegar este Título Segundo, y que la semana que viene empezará un periodo de dos meses de exposición pública del borrador. La tramitación hasta llegar a la aprobación definitiva, ha dicho Simó, puede durar “seis meses como mínimo”.

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