Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y la Associació Viticultors del Penedès han hecho un llamamiento a los viticultores que deben firmar los contratos de compraventa de uva para que se planten ante las empresas vinícolas si no suben los precios un 50 %. Las organizaciones agrarias han avisado en un comunicado emitido este martes de que «aceptar las condiciones abusivas actuales es poner en riesgo la viabilidad del campesinado y el relevo generacional en el viñedo», y han destacado que el precio propuesto por las grandes bodegas «no responde a las dinámicas de mercado» y no compensa los efectos de la inflación ni de la sequía. En este sentido, han recordado que se estima una caída de la producción de al menos un 70% debido a la falta de agua.
Las tres organizaciones han subrayado que «ningún viticultor» debería aceptar unos rendimientos económicos de entre 1.000 y 1.500 euros brutos/hectárea, y estiman que el precio mínimo debería ser de 5.000 euros para que los agricultores puedan ganarse la vida. Si no se llega a este nivel, instan a las bodegas a tener en cuenta el estudio de costes elaborado por la Generalitat de Cataluña, que en el último año cifró entre 0,40 y 0,46 euros el precio mínimo para cumplir la ley de la cadena alimentaria.
