En el caso Negreira, la Fiscalía ha adoptado dos decisiones que pueden ser claves en el contexto procesal. Por un lado, ha denegado la posibilidad de que el FC Barcelona pueda presentarse como perjudicado, una iniciativa del equipo legal del Barça de Joan Laporta para poner el foco en la etapa de Sandro Rosell y de Josep Maria Bartomeu. También para que el propio club pudiera ejercer una acusación contra ambos expresidentes por los supuestos delitos derivados de esa extraña fórmula de pagos al hijo de José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez, a través de un miembro de la comisión deportiva del Barça Atlètic, Josep Contreras, que duplicaba la factura al club respecto de los pagos por sus informes arbitrales.
Dicho de otra forma, a Laporta le hubiera interesado poner a Rosell y Bartomeu contra las cuerdas judiciales y, así, convertir el relato del caso en un juicio a ambos por prácticas ciertamente singulares e inexplicables, por el momento, teniendo en cuenta que en ese periodo entre 2015 y 2018 el FC Barcelona seguía retribuyendo al padre por el mismo tipo de servicios, aunque en su caso sin informes materiales ni justificación alguna, igual que desde 2005, cuando Laporta formalizó esos pagos extraordinarios que son la base de la querella y el objeto de deseo de la Fiscalía Anticorrupción.
«Parece evidente que el estatus de investigado (FC Barcelona) y las consecuencias procesales que de él se derivan y que solo a él se aplican resultan incompatibles con la posición simultánea de acusador», razona la Fiscalía, que se suma a la oposición del propio exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, que también rechazó la petición del Barça. En su caso, argumentando que el club azulgrana estaba protagonizando un «ejercicio de cinismo».
Laporta, en principio, no se saldrá con la suya, aunque con ese frustrado movimiento haya ha dejado abierta y en carne viva una herida entre la actual junta y las dos anteriores que tendrá sus consecuencias, puede de muy perjudiciales para la entidad, cuando se llegue a juicio y cada una de ellas formule acusaciones contra la otra en defensa de sus propios intereses.
Por otro lado, y esta es la otra gran decisión de la Fiscalía, ha rechazado la posibilidad de realizar una investigación pormenorizada del origen y evolución de esos pagos, desde que Hacienda tiene constancia, a las empresas de Enríquez Negreira a partir de 2001, con Joan Gaspart, y posteriormente, desde 2005 hasta 2010, con Laporta. La Fiscalía se ha cerrado en banda arguyendo que el delito de corrupción deportiva sobre el que ha basado la investigación contra Rosell y Bartomeu no se contemplaba en el código penal con anterioridad al año 2010. Los delitos no se «heredan», ha concluido, a pesar de que todos los indicios apuntan a que las sucesivas directivas mantuvieron los pagos por considerar que la entidad obtenía un provecho en las relaciones con el estamento arbitral.
En definitiva, que Laporta se lleva este primer asalto judicial y podrá vivir el caso Negreira desde la completa tranquilidad penal, pese a la evidencia de haber cronificado e incrementado los pagos en su primer mandato, además de haber propiciado que Rosell los mantuviera y que este, a su vez, los traspasase a Bartomeu. La batalla judicial será, así pues, encarnizada y con todas las de perder para los expresidentes actualmente investigados. Eso sí, con menos riesgos y amenazas de condena de los que Laporta hubiera deseado.
