La Fiscalía de Barcelona ha rechazado investigar la primera querella interpuesta en la capital catalana por torturas de la policía franquista en la comisaría de Vía Laietana, y se ha pronunciado a favor de archivar la denuncia del militante del PSUC Carles Vallejo. Se trata del primer posicionamiento del ministerio público desde que entró en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática, pero en el escrito de la Fiscalía no hay ninguna referencia a la normativa.
La nueva ley deja atrás los obstáculos jurídicos de la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos, y obliga a que todas las leyes del Estado, incluida la de Amnistía, se interpreten y se apliquen conforme al derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura no prescriben. Sin embargo, la Fiscalía considera que se tiene que archivar la querella por el principio de legalidad, porque las torturas estarían prescritas y porque la Ley de Amnistía continúa «vigente».
Las entidades querellantes, Amnistía Internacional, CeAqua e Iridia, han lamentado el posicionamiento del ministerio público y han pedido a la nueva fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria, Dolores Delgado, «que se pronuncie a favor de admitir a trámite la querella de Vallejo» y que garantice «la investigación de las querellas interpuestas a raíz de la entrada en vigor de la nueva ley, para que no pase cómo con las más de 100 denuncias que ya se han archivado».
