El secretario general de UGT en Cataluña, Camil Ros, ha criticado que el gobierno de la Generalitat haya previsto pagar una indemnización por daños morales de 90 euros a cada uno de los 13.534 aspirantes afectados por el fiasco de las pruebas de oposición de estabilización del pasado 29 de abril.
«Más que una indemnización, parece una dieta. Evidentemente que es insuficiente», ha considerado Ros al día siguiente de que la Generalitat anunciara que ha iniciado de oficio un expediente para determinar su responsabilidad patrimonial y que prevé destinar un máximo de 1,2 millones de euros después del verano.
El dirigente sindical ha señalado que los 90 euros no compensan ni la distancia recorrida ni el tiempo invertido por muchos empleados, y ha reclamado que en la repetición de los exámenes, prevista para los días 1 y 8 de julio, no se vuelvan a producir irregularidades.
