La primera ley de vivienda estatal ha entrado en vigor este viernes después de su aprobación en el Senado el 17 de mayo. De esta forma, se regula por primera vez el precio de los alquileres, se desvincula la actualización del IPC y se establecen límites a las subidas. En 2023, los incrementos están limitadas al 2%, y subirá hasta al 3% en las renovaciones de contratos de alquiler en 2024.
A partir de 2025, los incrementos estarán ligados a un nuevo índice elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permitiendo la aplicación de límites de precios en áreas de mercado tensionado, que serán aquellas zonas donde el coste medio de la hipoteca o alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o cuando el precio de la vivienda haya aumentado, al menos, tres puntos por encima del IPC durante los cinco años anteriores.
La nueva ley también incluye medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad. Se establecen restricciones a los desahucios con fecha abierta, y se requiere un acto de conciliación o arbitraje antes de desahuciar a inquilinos vulnerables. Asimismo, se podrán posponer desahucios para buscar alternativas de vivienda durante dos o cuatro meses, en función de si el propietario es un particular o un gran tenedor. Además, la ley instaura una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento en casos de vulnerabilidad social o económica.
La normtiva estatal también introduce incentivos fiscales para fomentar el alquiler de viviendas a precios asequibles, con reducciones en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Estos incentivos se aplicarán a partir del 1 de enero de 2024, y también se prevén recargos de entre el 50% y el 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas vacías durante más de dos años, con el objetivo de promover el alquiler.
La implementación concreta de estos topes de precios y otras medidas de la ley recae en las comunidades autónomas, que tienen una parte importante de la competencia en este ámbito. El Banco de España y la Comisión Europea consideran la vivienda como uno de los grandes problemas estructurales del país.
