La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha acordado el archivo de los recursos que PP, Cs y el exdelegado del gobierno español en Cataluña Enric Millo presentaron contra los indultos de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsejeros Joaquim Forn y Josep Rull. En varias interlocutorias que se han dado a conocer este miércoles, los magistrados consideran que los recursos han perdido su objeto fruto de la derogación de delito de sedición y la reforma de los de desórdenes públicos y malversación.
Forcadell, Forn y Rull solo habían sido condenados por el delito de sedición, y el Tribunal Supremo ya estableció el pasado 13 de febrero que no se los puede aplicar el delito de desórdenes públicos. La sala, pues, declara finalizados los recursos contra los indultos de Forcadell, Forn y Rull en aplicación del criterio que el Supremo estableció el 13 de febrero de 2023 sobre las consecuencias de la derogación del delito de sedición aprobada el 22 de diciembre de 2022.
Los magistrados recuerdan que el criterio establecido dicta que, una vez derogada la sedición, Forcadell, Rull y Forn solo podrían ser condenados por un delito de desobediencia, que no se castiga con penas de prisión, sino de multa. En la medida que el gobierno español indultó la pena de prisión, la aceptación del recurso no afectaría a la extinción de la responsabilidad penal que ya fue decretada por el ejecutivo central. Por lo tanto, según los jueces, en caso de que se aceptara el recurso del PP, Vox y Cs, igualmente sería «imposible» que Forcadell, Forn y Rull tengan que cumplir penas de prisión, motivo por el cual consideren que el recurso tiene que quedar resuelto «por pérdida de objeto» y ordenan su archivo.
El Supremo, en cambio, establece que los recursos contra los indultos al exvicepresidente Oriol Junqueras y los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, así como los de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez «no han perdido su objeto» después de la reforma penal de 2022. Lo justifica por el hecho de que, según el criterio marcado por el mismo Supremo, «no queda excluida para ellos la pena privativa de libertad por delitos de malversación y desobediencia en concurso», en cuanto a los exmiembros del gobierno catalán, y de «desórdenes públicos» en el caso de Cuixart y Sànchez.
