Ponsatí lleva a la Generalitat al TSJC por negar el acceso a atestados de los Mossos sobre el independentismo

La eurodiputada de Junts alega que se ha vulnerado su derecho al acceso a información pública

La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por «mantener en secreto los atestados de los Mossos d’Esquadra que han servido para reprimir manifestantes independentistas». El recurso llega después de que Ponsatí presentara dos solicitudes de acceso a información pública al Departamento de Interior de la Generalitat en 2022 y la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitiera la petición en cuanto a los atestados.

En el recurso, presentado contra esta decisión de la GAIP, Ponsatí argumenta que la resolución fue dictada de forma irregular y que los atestados son información pública. En el recurso, la eurodiputada de Junts también remarca su derecho reforzado de acceso a información pública al ser eurodiputada, así como la posibilidad de fiscalización de los cuerpos policiales por parte de la ciudadanía y de los representantes electos.

Clara Ponsatí dice que «la represión del independentismo se lleva a cabo por parte de todos los poderes del Estado, como un engranaje. La Generalitat de Cataluña y los Mossos d’Esquadra se han convertido en colaboradores necesarios de esta represión». La ex consejera catalana de Educación añade que «la existencia de estos 455 atestados y de hasta 30 procedimientos penales patentizan el uso arbitrario de los Mossos d’Esquadra a fin de intimidar y de reprimir el movimiento independentista. El objetivo de este uso arbitrario de los Mossos d’Esquadra es de pacificar la población y de permitir al Gobierno (catalán) volver al autonomismo más insensible y colaboracionista».

Concretamente, la eurodiputada de Junts presentó el año pasado dos solicitudes de acceso a información pública al Departamento de Interior. La primera pedía los atestados policiales a raíz de los hechos ocurridos después de manifestaciones entre 2018 y 2020. La segunda pedía el número de procedimientos penales por los hechos ocurridos en manifestaciones entre 2018 y 2021 en qué la Generalitat estuviera personada como acusación particular con indicación del día en que tuvieron lugar los hechos sobre los cuales se habían instruido los procedimientos.

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