El fracaso de la cumbre del agua celebrada el pasado 31 de marzo ha abierto una disputa entre el Govern y los grupos de la oposición a raíz de la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el régimen sancionador dirigido a los ayuntamientos que incumplan las restricciones. El PSC, contrario a las sanciones, ha decidido presentar una enmienda a la totalidad a la proposición de ley sobre la sequía, y Junts amenaza con hacer lo mismo si el ejecutivo catalán no aprueba un decreto «consensuado».
La portavoz de los socialistas en el Parlament, Alícia Romero, ha lamentado que la confianza con el Govern se haya «roto» porque, según ha dicho, el ejecutivo catalán no ha cumplido. «Nos sabe mal que la consejera de Acción Climática, Teresa Jordà, y el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, hayan fallado a su palabra», ha manifestado Romero, que también ha explicado que no han mantenido ninguna otra reunión con la Generalitat después de la cumbre del agua.
Por su parte, el líder de Junts en la cámara catalana, Albert Batet, ha asegurado que si el Govern no aprueba en su reunión de este martes un nuevo decreto de sequía “consensuado”, como se comprometió, será su formación quien “tomará la iniciativa” para presentar una propuesta en el Parlament. “En el ámbito de la sequía estamos actuando con la máxima responsabilidad y nos preocupa cómo está actuando el Govern, que ni lidera ni busca consensos y hace una gestión errática”, ha añadido Batet, que ha reclamado al ejecutivo catalán “cooperación, diálogo y responsabilidad”.
A parecer de Junts, el nuevo decreto de sequía tiene que recoger tres aspectos “capitales” e innegociables: facilitar toda la contratación de emergencia a las administraciones “al estilo covid”, impulsar proyectos como la ampliación de la desalinizadora del Prat de Llobregat, e incluir una moratoria en el régimen sancionador a los ayuntamientos.
