El Partido Animalista (Pacma), Lex Anima y la Fundación Altarriba han denunciado ante la Fiscalía a la consejera catalana de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, por el uso de fósforo de aluminio en carreteras para controlar la superpoblación de conejos. Las tres entidades denuncian a Jordà por delito contra el Medio Ambiente, en una querella que también se dirige a Anna Sanitjas, directora de Ecosistemas Forestales y Gestión del medio del mismo departamento.
La denuncia destaca que mientras el departamento concede y mantiene licencias a granjas de cría intensiva de conejos con hasta cinegéticos, se ha autorizado el derrame del «veneno» a 300 puntos de la carretera LV-7041 de Soses a Malcoreig (Lleida) para controlar la supuesta plaga. La denuncia recoge que desde noviembre del 2022 el departamento ha anunciado «la existencia de hasta siete pretensas plagas de animales» en Cataluña, concretamente jabalíes, nutrias, ciervos, peces de especies invasoras, conejos y cabras.
A raíz de este hecho, sigue el texto, se han creado Mesas de Gestión del Medio Ambiente para tomar decisiones sobre la fauna de cada demarcación. Se denuncia, en este sentido, que se ha «vetado» la asistencia de abogados, de veterinarios y de científicos, y que «únicamente» se ha aceptado la de asociaciones de cazadores relacionadas con asociaciones agrícolas, «sector en que el partido político que representan» Jordà y Sanitjas «tiene un amplio número de votantes adeptos».
En estas mesas, añade el texto, se «promulgan, sin base científica o legal», las diferentes «plagas de animales» en función de los «intereses cinegéticos que van surgiendo». La denuncia relaciona esta afirmación con pagos a asociaciones de cazadores para matar jabalíes.
Sobre el caso concreto de la «pretensa plaga de conejos en Lleida», la querella enumera hasta once «granjas cinegéticas» donde se crían animales enjaulados para soltarlos a cotos de caza, y a las cuales las denunciadas «han estado concediendo y renovando autorizaciones».
A la vez, el 2021 y el 2022, siempre según la denuncia, se autorizó la liberación de más de 15.000 conejos en Cataluña, 4.230 de los cuales en Lleida, mientras entre 2020 y 2022 se autorizaba la caza de 21.881 zorros, «depredador natural del conejo».
Así, «las decisiones tomadas por las denunciadas con la exprés intención de hacer prevalecer los intereses económicos del sector cinegético» ha «provocado» una «alteración» del ecosistema «incidiendo directamente en el incremento de la población de conejos en algunas áreas».
En cuanto al uso de fósforo de aluminio para intentar disminuir la población de conejos, las tres entidades alertan que se trata de una sustancia «altamente tóxica y peligrosa para cualquier ser vivo», a la vez que un «veneno no selectivo que puede producir la muerte de animales y personas».
También afirman que «las denunciadas han ordenado el derrame del veneno a sabiendas de que no es selectivo y que implica a destrucción en masa otros animales a las madrigueras o en las zonas de riego y agrícolas, incluso especies protegidas».
