La Conferencia Episcopal Española y el gobierno español han acordado que la Iglesia deje de tener exenciones fiscales en lo que se refiere al Impuesto abre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las Contribuciones Especiales.
El acuerdo se efectuará este miércoles con el canje de notas correspondiente entre el gobierno español y la Nunciatura Apostólica. La Conferencia Episcopal, con el visto bueno de la Santa Sede, ha comunicado que ha aceptado pagar estos gravámenes por «equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación». El gobierno español derogará la orden ministerial de 5 de junio de 2001, que regulaba la inclusión del ICIO en el acuerdo entre el ejecutivo y la Santa Sede sobre asuntos económicos.
Sin embargo, la iglesia continuará sin pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), que queda fuera del acuerdo. Diferentes asociaciones reclaman que deben recuperarse los bienes inmatriculados, y afirman que con este tributo se generarían, sólo en Valencia, cinco millones de euros para las arcas del Estado español.
