La Abogacía del Estado ha pedido tres años y medio de prisión y siete de inhabilitación para Josep Maria Jové por la organización del referéndum del 1 de octubre, pero no ha hecho ninguna acusación contra Lluís Salvadó, según avanzó eldiario.es y confirmaron al ACN fuentes de la Moncloa. En cuanto a la consejera de Cultura, Natàlia Garriga, reclama un año de inhabilitación.
La fiscalía, en cambio, pide siete años de cárcel para Jové y 32 años de inhabilitación y seis años y tres meses de cárcel y 27 años y tres meses de inhabilitación para Salvadó. Ambas partes sí coinciden en la acusación de Garriga. La Abogacía del Estado atribuye a Jové un delito de malversación y otro de desobediencia grave. A la consejera le acusa sólo de este último.
En su escrito, la Abogacía del Estado acusa a Jové de haber ordenado y autorizado los gastos relacionados con la organización de la administración electoral, en concreto los relativos a la distribución de las notificaciones del nombramiento de los integrantes de las mesas electorales del referendo y de las tarjetas censales a través de la empresa Unipost, con cargo al Departamento de la Vicepresidencia y Economía, con un importe de 193.899,93 euros.
También le acusa de haber llevado a cabo la tramitación para la autorización de la transferencia del Fondo de Contingencia, por un importe de 3.430.000 euros, instada por el Departamento de Presidencia, «cooperante de forma imprescindible en la ordenación de los gastos de publicidad institucional del referéndum».
Por el delito de malversación le pide los tres años y medio de prisión y cinco años de inhabilitación, y por el de desobediencia reclama otros dos años de inhabilitación y una multa de 30.000 euros. Además, la Abogacía insta a deducir testimonio en el Tribunal de Cuentas para «el establecimiento y reclamación definitiva de las cantidades desviadas».
En cuanto a la consellera Garriga, le acusa de desobediencia grave y le pide un año de inhabilitación y una multa de 30.000 euros.
Jové estaba en el momento de los hechos secretario general del Departamento de Economía, y tenía a su cargo a Salvadó como secretario de Hacienda y Garriga como directora de Servicios.
