Los miembros independentistas de la Mesa del Parlament de 2015 a 2017, Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó, reiteraron este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que su actuación estaba amparada por la inviolabilidad parlamentaria y su papel era garantizar la participación de los diputados, sin coartar su libertad de iniciativa.
Por eso, consideran que fue el Tribunal Constitucional (TC) quien cambió su doctrina y dictaminó que debían censurar las iniciativas que incumplieran las sentencias constitucionales. La fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox les piden 20 meses de inhabilitación por desobediencia.
En el segundo juicio contra ellos por los mismos hechos, a raíz de la recusación por parte del Tribunal Supremo de dos de los tres magistrados que celebraron el primer juicio y que acabó con condena, los cuatro se negaron a responder a las preguntas que no fueran de sus abogados.
En la anterior sentencia del TSJC se consideraba probado que los acusados desobedecieron al menos en seis ocasiones al Constitucional al permitir la tramitación de iniciativas parlamentarias que iban contra las resoluciones del propio TC.
Se trata de la comisión de estudio del proceso constituyente y la aprobación de sus conclusiones, las resoluciones del debate de política general de 2016 sobre el referéndum y el proceso constituyente, la aprobación de los presupuestos de 2017 con una partida para el 1-O, las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica del 6 y 7 de septiembre, y la aprobación de la sindicatura electoral.
