El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha acusado a cuatro ministerios, cuatro comunidades autónomas (CCAA) y 136 municipios de tener una actitud no colaboradora con este órgano durante 2022, por retrasos en la respuesta a los requerimientos dirigidos y, en algunos casos, por no haber respondido a varias reclamaciones.
Un anexo del informe anual de esta institución, publicado este lunes, refleja esta realidad y recuerda que la ley obliga a las administraciones públicas a responder facilitando la información requerida por el Defensor del Pueblo.
Los cuatro ministerios señalados por el informe son los de Hacienda, Justicia, Transportes y Universidades; las cuatro CCAA son Cataluña, Madrid, el País Vasco y Canarias; y, además de 136 entidaddes locales, también se retrata la actitud de la ciudad autónoma de Melilla.
Entre los requerimientos no respondidos, muchos de ellos relativos a cuestiones ordinarias, se destaca, en lo relativo a Cataluña, la petición de información sobre el retraso de obras de rehabilitación dirigida al Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que integran la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital catalana.
