Una presunta resolución judicial favorable a los intereses de la directiva de Joan Laporta, que por orden de un tribunal ha podido inscribir a Gavi como jugador del primer equipo, ha acabado provocando un sobresalto que, por lo visto y por las reacciones de todas las partes, está de sobras justificado y planeará peligrosamente sobre el futuro contractual de Gavi con el FC Barcelona durante los próximos meses.
La alarma se ha encendido cuando un juzgado mercantil de Barcelona, al que Laporta acudió el viernes pasado desesperadamente, ha resuelto imponer como medida cautelar “exigir a la Liga Nacional de Fútbol Profesional que disponga todo lo necesario para que el jugador Pablo Páez Gavi pueda ser inscrito como miembro del primer equipo del FC Barcelona antes del cierre de la ventana de invierno a las 00.00h”; o sea, antes de la medianoche de ayer. El comunicado oficial del club ha ido más allá, aclarando que la “resolución reconoce la posición de dominio de la LFP y considera que existe un principio de legitimidad en la pretensión del FC BARCELONA y que la no inscripción del jugador antes del cierre de la ventana implicaría la libertad de éste y, por tanto, un perjuicio muy grave e irreparable para el FC Barcelona”.
Dicho de otro modo, si Gavi no llega a ser inscrito ayer, hoy sería agente libre para negociar su futuro en cualquier otro club sin atender a la cláusula de libertad de 1.000 millones que, en teoría, consta en ese contrato que debería haber entrado en vigor a partir de la apertura del mercado de invierno el pasado día 2 de enero, si la directiva lo hubiera podido inscribir.
Según LaLiga, sin embargo, no era posible tramitar su alta porque el Barça no ha acreditado ante el organismo el margen salarial suficiente para incluir su nueva ficha. LaLiga, de hecho, le había recordado que para el día 1 de julio de 2023 la masa salarial azulgrana debe haber adelgazado en 200 millones, aproximadamente, y hacer hueco para Gavi, el nuevo contrato de Araujo y, si fuera posible, las condiciones de la renovación de Balde.
Como siempre, la directiva de Laporta y sus ejecutivos negaron que la continuidad de Gavi corriera el menor peligro y que la situación fuera convertirse en preocupante pese a las señales de peligro que, evidentemente, auguraban ese inquietante retraso y el vergonzante ridículo de haber presentado el nuevo contrato de Gavi y su ascenso a jugador del primer equipo con todos los honores en un acto multitudinario y de un excesivo protagonismo del presidente, que aparentó, o al menos esa era la idea propagandística, haberlo fichado él y no haberlo recibido, como Pedri, Araujo, Nico, Balde o Abde, incluido en la herencia.
La situación, sin embargo, desmintiendo esa falsa película de tranquilidad, se fue agudizando a medida que pasaban los días y Laporta no conseguía forzar ningún hueco, debido también a que la liberación de salarios más beneficio por la venta de Memphis Depay y la baja de Gerard Piqué sólo producía el efecto de poder destinar ese retorno salarial, unos 10 millones, a la ficha de un futbolista nuevo que llegase cedido hasta el 30 de junio. Es decir que ese beneficio sólo podía afectar a la temporada actual, mientras que el contrato de Gavi incide directamente en esa masa salarial del ejercicio 2023-24 (y siguientes), sujeta a las restricciones de Laliga.
Laporta y su entorno mediático, convenientemente dirigido estos días en contra de LaLiga, la acusa de injerencia y de intromisión en la legítima libertad y autonomía de gobierno del club con la finalidad de proyectar esos problemas administrativos -gravísimos, por cierto- no como una consecuencia directa de la errática y poco acertada política económica y financiera de la junta, sino como resultado de una hostilidad manifiesta de LaLiga contra el Barça y de una conspiración del resto de los clubs liderada por Tebas.
El súper susto provocado por esa revelación de la propia junta sobre el riesgo cierto de que Gavi hubiera quedado libre para firmar hasta por el Real Madrid, por ejemplo, no lo disipa la inscripción formalizada hace apenas unas horas, pues la resolución judicial sólo responde a una medida cautelar, sin duda interesante y provechosa para el Barça, pero provisional a fin de cuentas.
LaLiga ha dejado claro, en un comunicado de réplica al del Barça, que no tiene la menor intención de desacatar lo que dice una juzgado mercantil y que, por su parte, procederá a la inmediata acción judicial pertinente para imponer su criterio, también al amparo de ese dominio que el tribunal le reconoce.
La parte más preocupante o amenazadora de LaLiga, una vez anunciado su sometimiento, la sugiere el párrafo en el que señala “su desconocimiento del contenido de la demanda principal y que esta medida cautelar ha sido adoptada sin haber tenido la oportunidad de presentar sus argumentos”. Esta incidencia puede acabar teniendo su importancia cuando se trate el fondo de la reclamación planteada por Laporta, prácticamente sobre la bocina y sin tiempo material de dar traslado a LaLiga y concederle el tiempo preceptivo para presentar alegaciones con margen suficiente para que el magistrado pudiera tenerlas en cuenta antes de resolver. El apremio obligaba al juez a decidir sin poder escuchar la otra parte, se supone que como parte de una estrategia procesal que sólo ha disputado un primer y breve asalto.
LaLiga, por su parte, “anuncia que se opondrá a dicha medida por considerar que existen suficientes motivos fácticos y jurídicos para que el Juzgado acuerde su alzamiento, tal y como se acreditará en sede judicial en el momento oportuno”.
