La Ley de familias es una demanda histórica para proteger a la familia y la infancia. Sólo las familias numerosas tenían una ley protectora específica, que databa de la época franquista y que fue mejorada en 2003 en el último gobierno de José María Aznar. Como manifiesta el texto del anteproyecto impulsado por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, “la falta de un sistema de prestaciones universales dirigidas a familias con niños, niñas y adolescentes similar al de otros estados de la Unión Europea ha hecho que en España las prestaciones monetarias surtan un efecto insuficiente en la reducción de la intensidad de la pobreza infantil y la promoción de la igualdad de oportunidades”.
La futura ley quiere mejorar «el bienestar social de la infancia», teniendo en cuenta que «la pobreza infantil es muy alta en España en comparación con la mayoría de países de la OCDE, con casi uno de cada cinco niños (el 19,3%) viviendo en pobreza relativa de ingresos frente a la media de la OCDE, que es del 12,9%”.
Sin embargo, las entidades de familias creen que el anteproyecto se ha quedado corto para alcanzar estos objetivos y, a la vez, resulta muy restrictivo en el grado de protección a determinadas familias, como por ejemplo las familias monoparentales con un hijo o hija a cargo.
En declaraciones a EL TRIANGLE, Elena Valle, presidenta de la Asociación Catalana de Familias Monoparentales, denuncia que “es excesiva la restricción que se hace de la monoparentalidad. El texto se ha quedado muy corto a nivel económico”. Según expone Elena Valle, el ámbito de aplicación de las familias con una sola persona progenitora sólo incluye a aquellas personas que “tienen la custodia exclusiva de los hijos a cargo y no reciben pensión alguna. Esto deja fuera a muchas personas que, aunque no están recibiendo la pensión, en su expediente existe un convenio regulador que indica que sí la recibe. Están obligando a una persona con unos recursos ya limitados a hacer una denuncia, contratar a un abogado e ir detrás de la otra persona que no se hace cargo de la pensión”.
Otro agravio para estos núcleos familiares, según Miriam Tormo, presidenta de Madres Solteras por Elección y vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), es la carencia de una protección social adecuada a las familias monoparentales a partir del primer hijo. En declaraciones a EL TRIANGLE, Miriam Tormo explica que “el 70% de las monoparentales se han quedado sin un marco de entrada a ayudas inmediatas, y no tienen ningún marco de protección y ayudas” , porque sólo tienen un hijo o hija a cargo. A su juicio, «es necesario un marco protector desde el primer hijo», porque la tasa de pobreza relativa se duplica en el caso de las familias monoparentales en comparación con la del total de la población.
Sin embargo, la normativa sólo garantiza una protección especial a todas las monoparentales con dos o más hijos a cargo y a determinadas monoparentales de un único descendiente. En este apartado, entran las monoparentales que no superan un determinado umbral económico, y aquellas que tienen un hijo o hija con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o bien que la propia persona progenitora también tenga ese grado mínimo reconocido.
Tanto Eleva Valle como Miriam Tormo llevaban décadas esperando esta ley, porque había mucha falta de equidad a la hora de implementar las políticas de familia e infancia, y cuando llega, se quejan, “sólo da respuesta a las monoparentales con dos hijos”. Por eso, han hecho alegaciones al texto inicial, y pretenden incorporar mejoras en el trámite parlamentario.
Entre los avances a alcanzar, se encuentra la misma deducción tributaria que tienen las familias numerosas y que haya una casilla propia para indicar el modelo familiar. Otra demanda es la mejora de las medidas de conciliación, al considerar que tienen más gastos y están discriminadas respecto a las familias con dos progenitores. Según la presidenta de la Asociación Catalana de Familias Monoparentales, «no se toca el tema de los permisos de cuidado de los hijos o hijas», y es necesario duplicar la duración de todos los permisos dirigidos al cuidado de los niños. Para Elena Valle, “el número de semanas debería ser independiente de un progenitor o dos, porque es el bebé el que merece el mismo tiempo de cuidado, y esto no debe regularse en función del número progenitores sino del niño”.
La ayuda universal para familias con menores de cero a tres años, establecida en cien euros mensuales por cada niño, también ha sido criticada por las entidades entrevistadas. Se considera que la prestación debería ser ampliable hasta los 18 años, como piden las principales entidades de infancia, para reducir la pobreza infantil y seguir el ejemplo de otros países de la Unión Europea.
