La Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha denunciado la violencia institucional de las administraciones al no reconocer ni garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La entidad ha criticado que a algunas mujeres se les ha dado cita para dentro de un mes para abortar y es un proceso que tiene que ser más rápido. “La principal vulneración que nos llega es en la interrupción del embarazo. Hay dificultades de acceso por no tener la tarjeta sanitaria, por la edad, dificultades a la hora de escoger el método o acceder a la información”, ha indicado Elena Longares, miembro de la asociación.
La segunda vulneración “más habitual” se produce en el acceso al anticonceptivo de urgencia en la sanidad pública y en las farmacias. “Muchas veces las usuarias se encuentran con barreras en la farmacia. E incluso este año nos ha llegado un caso de desinformación a través del 061. La información que se da muchas veces es errónea”, ha señalado.
También ha explicado que la violencia institucional también afecta cuando se trata de posibles infecciones de transmisión sexual (ITS). “Hay falta de abordaje porque no se consideran de urgencias o porque se cree que no hace falta una atención”, ha afirmado Longares.
