Los Mossos piden investigar a cinco altos cargos de Iqoxe por verter residuos al mar supuestamente

La policía autonómica afirma que la supuesta trama “le permitía reducir costes”, porque “la depuración de las aguas no se gravaba en el precio final de sus productos”, ya que “no se depuraban”

Explosió a una planta petroquímica de Tarragona (Mossos d'Esquadra)
Explosió a una planta petroquímica de Tarragona (Mossos d'Esquadra).

El Área de Medio Ambiente de los Mossos d’Esquadra ha pedido a la jueza de la explosión de la planta petroquímica de Tarragona del 14 de enero del 2020 que investigue a cinco altos responsables de la compañía Iqoxe por supuestamente haber cometido delitos relacionados contra los recursos naturales y el medioambiente, además de falsedad documental, según ha informado el Diari de Tarragona. Esto se llevaría a cabo en la parte del análisis judicial que se está centrando en los residuos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Los altos cargos que ha pedido investigar son el CEO de la empresa, el jefe de la fábrica Iqoxe de Tarragona, el responsable del departamento de Serveis Generals, el responsable a nivel tecnológico de la firma y un empleado que supuestamente ha “creado resultados falsos” para “encubrir el delito medioambiental”.

Delito contra el medioambiente

Esta investigación estudia “si el tipo de productos que se realizaban impedía la depuración de la totalidad de los residuos a través de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y si hay indicios de que “la dirección de la empresa había dado órdenes a los trabajadores para que procedieran a verter los residuos”, según un auto de la jueza que forma parte de la instrucción.

Los Mossos han llevado a cabo una investigación propia que considera que la compañía ha “construido una trama para verter las aguas residuales de la empresa al canal del agua de mar”, “mediante sus directivos, jefes de producción y tecnología, junto al encargado del laboratorio”.

“Le permitía reducir costes”

Según los Mossos, este sistema supuestamente ha provocado que las aguas residuales “fueran a parar al Port de Tarragona”, lo que ha ocasionado que “no fueran detectadas por la administración aplicando Aquamax EC3332A y menospreciando que esto suponía un daño sustancial considerable para el medioambiente” y “un riesgo para las personas que entraran en contacto con aquellas aguas contaminadas”.

Ha podido ser una situación “sostenida en el tiempo, estando dotada de infraestructura por parte de la empresa”, según el informe de la policía autonómica. “Gracias al delito medioambiental perpetrado” Iqoxe “logró los objetivos establecidos por su CEO, aumentando la producción de derivados año tras año”, ha explicado.

El análisis de los Mossos afirma que el sistema presuntamente diseñado “suponía una ventaja competitiva”, ya que “la depuración de las aguas no se gravaba en el precio final de sus productos”, porque “no se depuraban” y, por lo tanto, “le permitía reducir costes”.

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