El concepto asamblea, por definición, refiere a la participación social multitudinaria, activa, abierta y participativa de los socios que se identifican con el club y pagan sus cuotas. Desde que, a partir de 1975, después de la muerte de Franco, el FC Barcelona pudo convocar a sus socios en asambleas tuteladas por los principios de la igualdad de derechos y plenas garantías democráticas, no se había producido, como ocurrirá este jueves, un secuestro institucional como el que ha preparado la junta de Joan Laporta para seguir ampliando sus propios poderes como presidente, en detrimento de los propietarios del club.
Laporta, además de estar sometido a las estrategias de Florentino Pérez respecto de la LaLiga y la UEFA, también se siente inclinado cada vez más, como su homónimo blanco, a actuar más como propietario que como representante de la voluntad de su asamblea de socios.
Para empezar, hoy ya no existe ningún motivo razonable ni justificado para la celebración de una asamblea en formato telemático, una vez retiradas todas las restricciones covid por parte de las autoridades gubernamentales en materia de salud.
Laporta recurre a esta opción amparado en la vigencia del decreto de emergencia de la Generalitat que, ante la situación de confinamiento y de medidas prolongadas de limitaciones de concentración de personas y de movilidad, autorizó a los clubs deportivos alternativas que no contemplan los estatutos del Barça, como el voto por correo, el voto telemático y las asambleas digitales para impedir el colapso del funcionamiento social más elemental y básico.
Laporta, sin embargo, abrió su mandato convocando dos asambleas presenciales a primeros de junio de 2021 y luego en octubre de ese mismo año, la ordinaria, que necesitó dos sesiones distanciadas en seis días, una primera en el Palau Blaugrana y una segunda en el Auditori.
En ambas sesiones, como los socios pudieron expresar sus opiniones, pedir turno de intervenciones y votar a mano alzada, el presidente se sintió amenazado y molesto por dos motivos: el primero, porque claramente los compromisarios no iban a aprobar el permiso para ampliar a 1.500 millones la deuda crediticia para el Espai Barça, no al menos sin más información y sin mediar un referéndum, ni tampoco estaban por echar a las penyes del asociacionismo azulgrana reconocido por los estatutos.
Una mala experiencia a la que reaccionó con su demostrado y recurrente autoritarismo ante la asamblea para dar luz verde al acuerdo con Spotify, una propuesta a ciegas, sin ningún tipo de información ni condiciones, aprobada en una convocatoria manipulada y sin garantías en la que se limitó el acceso y las intervenciones de los compromisarios. Un espectáculo de oscurantismo y de tomadura colectiva de pelo rematada con un cínico y provocativo homenaje al comisionista de la operación, un viejo amigo del presidente.
Para dar una falsa apariencia de participación y de perturbadora condescendencia, en la asamblea de Spotify organizó un espectáculo mixto, invitando a los senadores del club a poder asistir de forma presencial. Ahora, esa posibilidad no se ha explicado ni aparece en la información relativa a la asamblea debido que la reciente reunión del Senado, casualmente previa a la asamblea, no fue todo lo bien que esperaba Laporta.
Apenas asistió un centenar de socios, que se marcharon molestos y disgustados porque no quisieron decir amén a las propuestas sobre la venta de activos sin conocer ningún detalle concreto. Laporta, además, se negó a aceptar preguntas sobre la actualidad del club, extendiendo ese mal humor a los pocos senadores presentes, que serán aún menos este jueves en la sala digital, pues siendo normalmente la mayoría asamblearia son los que más problemas se encuentran a la hora de manejar terminales digitales y a la hora de votar.
Laporta no quiere riesgos, la asamblea será otro rodillo a favor de la junta porque, de nuevo, se ha limitado la asistencia a los socios previamente inscritos -un requisito no exigible en las asambleas presenciales- y también las intervenciones sobre los temas delicados, que han de avanzarse a través de un formulario cuyo plazo concluye este miércoles día 15 de junio.
Los socios que lo soliciten una vez empezada la reunión verán sus preguntas dirigidas al punto del orden del día de ruegos y preguntas, o sea fuera de los momentos calientes de debate sobre la venta de activos.
Es curioso que, a través de la web del club, se ofrece un formulario para preguntas solamente, cuando, entre las posibilidades de los socios, deben contemplarse las intervenciones de cualquier tipo, de análisis, de opinión y de petición de voto en un sentido u en otro.
Discutible y susceptible de promover algún tipo de impugnación resulta, por otro lado, la propia naturaleza y redactado de las propuestas de la junta de Joan Laporta, que son motivos de la convocatoria de esta asamblea extraordinaria. Los estatutos (artículo 20º, relativo a las competencias de la asamblea general) contemplan “autorizar la adquisición, gravamen o alienación de bienes materiales el valor de los cuales sea superior al 10% del presupuesto anual de ingresos. El acuerdo de la Asamblea deberá aprobarse por una mayoría de dos terceras partes de los asistentes”, lo que pone en duda si la venta de derechos de TV y de una parte accionarial de una sociedad de la que el FC Barcelona es mayoritario son bienes materiales.
Sobre Barça Licensing & Merchandising, S.L. (BLM) se solicita “autorización para la adquisición por parte de uno o más inversores de una participación minoritaria del capital social de la sociedad (hasta el 49,9%) y en cuanto a los derechos de TV los socios han de votar sí o no a la “autorización para la cesión a uno o más inversores de hasta el 25% de los ingresos para la explotación de los derechos de televisión correspondientes a la competición organizada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional y/o la obtención de financiación sobre la base de los citados derechos de televisión”.
Si se interpreta que ambas operaciones no encajan con la definición de bienes materiales, los artículos bajo los que correspondería realizar la votación podrían ser el 20.7, que exige luz verde social para que la directiva acepte “dinero en forma de crédito o préstamo que haya de suponer el incremento del endeudamiento global del Club, el valor de los cuales supere en un 10% el presupuesto anual de ingresos. El acuerdo de la Asamblea deberá ser aprobado por una mayoría de dos terceras partes de los asistentes”.
El problema radica, principalmente, en que tampoco existe por parte de la junta una información suficiente para entender la verdadera pretensión de las propuestas. El sentido común, la literalidad y el espíritu de los estatutos parecen interpretar que el objetivo final no es otro que el de suscribir contratos de explotación conjunta que podrían estar sujetos al enunciado del artículo 20.8, que dice así: “Ratificar los acuerdos de la Junta Directiva para la formalización de contratos con terceros para ceder la explotación de los derechos del Club sobre la propia imagen, nombre, símbolos, publicidad o retransmisiones en los medios de comunicación, cuando la duración de dicha explotación exceda de cinco años o temporadas”.
No ayuda, al contrario, la patética e insuficiente información que se ha puesto a disposición de los compromisarios, una especie de power point con cuatro fotografías y datos al alcance y la imaginación de cualquiera que busque por internet. Ninguna concreción ni alcance o margen de beneficios que puedan reportar estas operaciones, pues en ambos casos debe exigirse la necesidad de ofrecer y detallar las consecuencias de vender o compartir activos a cambio de ingresos por el valor de la 49% de BLM o de una futura sociedad explote también conjuntamente los derechos de TV.
En un primer ejercicio se traduce en ganancias, pero en una reducción del mismo porcentaje, casi la mitad, de los ingresos para siempre o hasta cuando el Barça pueda recomprar ese 49%, si es que cuando se trate esa venta se incluye una cláusula de recuperación en determinados plazos y condiciones.
De eso, tampoco nada. Será la asamblea de la vergüenza y del desmantelamiento de los pocos activos de valor que, posiblemente, por culpa de las urgencias de esta directiva, se acaben vendiendo por debajo de su valor. Ninguna sorpresa.
