En este magma de inmoralidad pública generalizada en el cual estamos inmersos, hay una institución que, después de la desgraciada etapa de Daniel de Alfonso, ha acabado consiguiendo reconocimiento y prestigio: la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), ahora bajo la dirección del ex-magistrado Miguel Ángel Gimeno. Este organismo se encarga de velar por la transparencia y las buenas prácticas de las administraciones (Generalitat, ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales…).
La OAC ha rendido cuentas de su actividad ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento. Y los datos que ha dado su director son alarmantes. Durante el año 2021, recibió un total de 430 denuncias por presuntas actuaciones irregulares de los políticos que representan y gestionan las instituciones democráticas catalanas. Una cifra récord en la historia de la OAC y que significa un aumento del 132% en relación con el número de denuncias tramitadas en 2020.
Miguel Ángel Gimeno informó a Sus Señorías que, en lo que llevamos del año 2022, el número de denuncias recibidas ya es de 205, con la perspectiva que llegue a las 500 al final de este ejercicio. Escandaloso.
Estos datos vienen acompañados de una remarca preocupante: el 68% de las denuncias se han recibido a través del “buzón anónimo” que la OAC pone a disposición de la ciudadanía. Esto quiere decir que en nuestra sociedad todavía hay mucho miedo a las represalias por parte de los poderes políticos y esto hace que las personas que son testigos de hechos ilegales o delictivos opten por esconder su identidad, puesto que, increíblemente, aquí no tenemos una legislación que proteja a los “alertadores” (whistleblowers).
El dictador murió hace 46 años, tenemos una Constitución democrática desde hace 43 años y hace 36 que entramos en la Unión Europea. Pero, desgraciadamente, en Cataluña pervive un sustrato corrupto y amoral -herencia del franquismo y del pujolismo- que todavía infecta a muchas de nuestras administraciones (amiguismo, nepotismo, prevaricación, tráfico de influencias, manipulación de concursos, malversación de recursos públicos…).
Es sintomático que la mayoría de las denuncias recibidas por la OAC estén relacionadas con actuaciones de los ayuntamientos (49%). Siempre se ha dicho y hemos asumido que los municipios son la base de nuestra democracia y resulta que es en el ámbito de la administración local donde se detectan más anomalías, muchas veces a causa de los débiles instrumentos de control.
La crónica carencia de secretarios municipales y de interventores que puedan ejercer sin presiones su tarea de vigilancia estricta de la legalidad es una de las lacras que arrastramos y que hay que enmendar con urgencia. Si las raíces de la democracia están podridas, el árbol nunca podrá dar frutos.
Cuando, en 1977, el presidente Josep Tarradellas volvió del exilio, tenía una prioridad: crear una nueva administración catalana siguiendo el modelo francés: impecable, fuerte, racional y eficaz. Este propósito quedó frustrado en 1980, con la elección de Jordi Pujol, que supeditó la construcción de la estructura funcionarial a su proyecto político nacionalista. Las consecuencias de esta estrategia invasora han sido nefastas y todavía las sufrimos hoy.
La corrupción es el peor cáncer de la democracia y en Cataluña la hemos “normalizado” en nombre de un bien supuestamente superior: la nación y su proceso de liberación de España. El informe de la OAC, como también los que elabora la Sindicatura de Cuentas, es un reflejo de esta inquietante perversión que ha llevado a Cataluña al desprestigio y al actual cul-de-sac.
Tenemos una buena prueba de ello en el Parlamento, nuestro templo de la soberanía democrática. La presidenta, Laura Borràs, está inmersa en un vomitivo procedimiento judicial por corrupción que la inhabilita para continuar ni un minuto más en el cargo. Pero, de manera descarada e indigna, Laura Borràs se envuelve en la bandera estelada para intentar convertir su caso en una supuesta persecución política por sus convicciones independentistas.
En este clima de amoralidad, no es de extrañar que la secretaria general del Parlamento, Esther Andreu, se lave las manos ante la impresentable contratación de su hijo como ujier de la Cámara. O que los diputados mantengan unos escandalosos privilegios con el cobro de falsas dietas exentas de la tributación del IRPF.
En estos momentos de incertidumbre y de desorientación colectiva, es cuando hay que revisar y sanear los cimientos sobre los cuales hemos construido la democracia en Cataluña. Organismos como la OAC son más imprescindibles que nunca y tenemos que darle todo el apoyo y exigir que se apliquen las contundentes recomendaciones que, con mucha sapiencia, ha formulado su director ante los diputados del Parlamento.
Yo viajo mucho por Cataluña y me desgarra constatar el montón de “chanchullos” que, todavía hoy, perpetran muchos políticos locales. El caciquismo, en su versión del siglo XXI, es una infame realidad que me explican los vecinos con la boca pequeña y con temor a ser “castigados” y marginados.
Ahora que se acercan las elecciones municipales, es un buen momento para limpiar a fondo y acabar con la lacra de la corrupción que subsiste en las comarcas. Desde EL TRIANGLE me comprometo a que ayudaremos en este combate con toda nuestra energía.
