La Fiscalía ha presentado una nueva querella por homicidio imprudente por la gestión de la covid en una residencia de personas mayores. Tras el caso de Tremp, ahora acusa de homicidio imprudente a dos responsables del centro Ca n’Amell de Premià de Mar, por la muerte de 87 residentes durante la primera ola. Según la acusación, incumplieron de forma sistemática todas las indicaciones sanitarias para evitar la propagación del virus.
El fiscal apunta al director de la residencia y a la directora médica, a quien acusa de provocar un «sufrimiento gratuito» a los usuarios de la residencia, de haberlos «desatendido» y de no tomar ninguna medida contra el coronavirus. Y también abre la puerta a investigar a cualquier otra persona que colaborara con los presuntos homicidios imprudentes. En total fallecieron 87 de los 200 residentes del centro.
La querella presentada en los juzgados de Mataró explica cómo las autoridades sanitarias dieron a los responsables de la residencia indicaciones sobre cómo realizar circuitos de aislamiento, utilizar materiales o sectorizar las instalaciones, pero no sólo desatendieron las instrucciones sino que dieron órdenes contradictorias. Por eso, creen que no pueden argumentar desconocimiento o carencia de material como es el caso de otros centros afectados por la primera ola.
De hecho, la Fiscalía acusa al director de la residencia de «prohibir expresamente el uso de la mascarilla bajo amenaza de sanción disciplinaria» y también de obligar a algunos trabajadores a «ir a trabajar pese a presentar síntomas de covid-19».
Según relata la Fiscalía, ya existían déficits importantes en la gestión del centro antes de marzo de 2020, y el número de trabajadores era insuficiente para dar una buena atención a los residentes. Estas irregularidades se vieron «incrementados exponencialmente» a raíz de la pandemia.
