La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tuvo bastante con una reunión con Joan Laporta, al poco de llegar al cargo la pasada primavera, para cortar por lo sano esa relación y decidir no volver a mantener el menor contacto directo, ni oficial ni extraoficial. El motivo es bien simple, pues además de no conocer realmente las más mínimas bases del acuerdo Ajuntament-FC Barcelona para el desarrollo urbanístico del Espai Barça, por lo que se ve ninguno, el presidente azulgrana mantuvo una actitud soberbia, intolerante y hasta cierto punto desafiante con relación a sus pretensiones e ideas, la mayoría incoherentes y fuera de toda realidad.
Tiene sentido y lógica que Colau se sintiera en un primer momento desconcertada frente a un presidente del Barça que, de entrada, quería que fuera el Ayuntamiento el responsable de asumir los costes de un eventual traslado de los partidos a Montjuïc mientras durasen las obras en el Camp Nou. El choque era inevitable.
Colau lo planteaba exactamente al revés. El Barça debería pagar los gastos de adaptar el estadio olímpico a sus necesidades y además sostener un alquiler lo bastante elevado como para que Laporta se pusiera insoportable.
Si sirve de referencia, el ex-presidente del RCD Espanyol Dani Sánchez-Llibre, al que le tocó demoler Sarrià e irse a jugar a Montjuïc, declaró en su momento que las condiciones eran tan exigentes por parte del Ayuntamiento que no tuvo dudas en arriesgarse a iniciar las obras del nuevo estadio de Cornellà-El Prat. Cualquier cosa, dijo, antes que seguir pagando los costes de un alquiler elevadísimo.
Cuando Colau y Laporta abordaron la cuestión del traslado del Barça a Montjuïc el desacuerdo fue total. A partir de ese momento, la actitud y el discurso de Laporta han sido del todo errantes y confusos, pues primero soltó aquella barbaridad de ampliar a 50.000 espectadores la capacidad del Johan Cruyff, más tarde habló de otras alternativas y finalmente, en pleno referéndum, todos los consultados e implicados en el gobierno del club respondían evasivamente y sin ningún criterio.
Tal es el descontrol que cada cual ofrece una versión distinta. La más incoherente de todas pasa por la inevitable condición de jugar al menos una temporada fuera del Camp Nou, sin que ese “exilio” suponga una reducción del cálculo de tiempo necesario para las obras, que sigue siendo de cuatro años.
Por el contrario, la opción inicial prevista de aprovechar cuatro veranos para las obras parece descartada a causa del replanteamiento arquitectónico de Laporta, que ya se verá si necesita nuevos permisos y si son posibles a la vista de las primeras reacciones.
En cualquier caso, la alcaldesa decidió cortar por lo sano el contacto con la junta de Joan Laporta y derivarla a través de los responsables de la gestión de las instalaciones deportivas municipales. En ese nivel, claro, no hay un verdadero diálogo ni aproximación, otra complicación añadida a un Espai Barça que, de momento y pese a la consulta, sigue sin avanzar.
