El referéndum telemático de Laporta sólo es un paripé sin peso legal

Preocupa más un ciberataque que un posible ‘no’, inocuo a efectos de la obligación asamblearia de pedir y gastar 1.500 millones en el Espai Barça

El voto telemático no está exento de riesgos, mucho más si se utiliza para que el FC Barcelona celebre por primera vez una consulta vinculante, una especie de referéndum, para ratificar la autorización a la directiva para pedir un préstamo de 1.500 millones con el que se deberá financiar el Espai Barça.

El resultado es lo de menos, pues se trata de una decisión adoptada y ratificada por una mayoría cualificada de la asamblea del pasado 23 octubre, de modo que pase lo que pase en la consulta la junta de Joan Laporta está legitimada para realizar esa inversión con independencia del resultado del 19 de diciembre, fecha elegida para esta ratificación.

Lo que está en juego, de verdad, es poner la primera piedra y realizar un primer ensayo general de cara a unas elecciones de junta directiva mediante un procedimiento que pretende eliminar el voto presencial y no combinarlo. Esa es hoy la única preocupación de una junta que, sin embargo, teme un ataque informático, un hackeo o una incidencia que ponga en duda las garantías democráticas del procedimiento.

La Generalitat de Catalunya, como el Gobierno central o los propios Ayuntamientos en las elecciones municipales no han validado el voto telemático, pues consideran que no se han dado todavía las condiciones de garantía y transparencia exigidas a algo tan esencial y clave como es la elección de los gobernantes públicos. Aunque es un recurso que se viene utilizando en algunas organizaciones como colegios profesionales y cámaras de comercio no han escaseado las dudas, las reclamaciones y las posiciones contrarias a sistemas de voto computarizado que, cada vez más, se basan en el uso de la tecnología blockchain.

La propia Generalitat de Catalunya acaba de ser víctima de un ataque, con exhibición, de hackers altamente especializados que el pasado viernes consiguieron hacer caer sus servidores. Si el Govern ya debió posponer la aplicación La Meva Salut durante unos días, ante el colapso que sufrió, el viernes pasado la Agència de Ciberseguretat de Catalunya admitió el éxito del ataque al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), una empresa pública con más de 200 trabajadores y un presupuesto de más de 500 millones encargada de proteger los sistemas informáticos de la Generalitat. El CTTI no sirvió para prever la caída de la web de la semana pasada y tampoco para evitar el ciberataque posterior.

Si los piratas quieren publicidad, reconocimiento y ruido el Barça parece el blanco perfecto teniendo como centro esta consulta que, por lo demás, está exenta de cualquier trascendencia legal ni estatutaria sobre un acuerdo asambleario cuya jerarquía resulta indiscutible.

La razón por la que se convoca es por pura estética, sólo es el resultado de una de esas trampas tan propias de Joan Laporta que, en plena asamblea, con los socios pidiendo explicaciones por el sobreprecio del Espai Barça, pospuso la votación para ir al fútbol y manipuló la prórroga anunciando un referéndum para ratificar el ‘sí’.

O sea, fuera de asamblea prometió que habría referéndum si la asamblea votaba afirmativamente a la propuesta sobre el Espai Barça de la “aprobación, si procede, de la obtención de la financiación necesaria para llevar a cabo la operación”. Como este punto del orden del día salió favorablemente respaldado y sin ninguna otra propuesta presentada en tiempo y forma, cualquier otra observación, comentario o promesa de vídeo de Laporta es sólo papel mojado.

Incluso no valdría para nada en el supuesto de que el resultado de la consulta resultase contrario, pues el ‘no’ telemático de los socios no solo no tendría ningún valor legal -tampoco el ‘sí- sino que seguiría valiendo la aprobación asamblearia y la obligación de la junta directiva de Joan Laporta de obtener esa financiación y construir el Espai Barça.

De no hacerlo, con consulta o sin ella y al margen del resultado, la directiva incumpliría los estatutos y podría ser sancionada por la Comisión de Disciplina del FC Barcelona por una falta muy grave de incumplimiento de un acuerdo de la asamblea.

¿Por qué, entonces, este paripé de apariencia democrática y de presunta sensibilidad hacia los socios? Por la única y sencilla razón de ahorrarse tiempo y dinero, pero sobre todo para validar el voto telemático para cuando toque convocar elecciones y entrar en ese universo complicado en el que los resultados han de acabar siendo un acto de fe y de confianza ciega en las máquinas y los sistemas informáticos.

Laporta, como ya ha avanzado repetidamente, sueña con un Barça cada vez con menos socios de arraigo y proximidad catalana y una mayoría de socios de todo el mundo que no tengan necesidad de desplazarse a Barcelona para votar. La disfunción de ese planteamiento salta a la vista, pues cabe preguntarse qué hace un socio del Barça, residente en Australia, por ejemplo, que puede votar, pero no venir regularmente a Barcelona para estar y ver los partidos de su equipo.

En realidad, con la anulación de las limitaciones y restricciones que hasta ahora condicionaban y filtraban la adquisición de la condición de socio del FC Barcelona, la pretensión de la junta de Laporta es la de ampliar esa base de ‘soldados’ del soberanismo que los poderes fácticos han sabido instrumentalizara favor de una determinada opción de poder y en contra de otras.

Hasta ahora, las administraciones y los gobiernos no han confiado en estos procesos y sí, en cambio, en la firma digital vía DNI electrónico, certificado, exclusivamente para facilitar y agilizar los trámites de tipo fiscal y administrativo. La Generalitat sólo abrió la mano a primeros de año cuando temió que no se pudieran celebrar las elecciones del Barça por causa de la covid y perder la ventaja adquirida por Joan Laporta, su candidato encubierto y protegido.

No sólo admitió como posibilidad el voto electrónico sino también el voto por correo, dos opciones no incluidas en los estatutos del Barça, aunque sí impuestas y legalizadas por el poder político ante la emergencia electoral.

No hay que olvidar hasta dónde es capaz de llegar el Govern para salvaguardar sus intereses y propósitos como cuando forzó la convocatoria del voto de censura el 1 de noviembre del pasado año, en una jornada de tan elevado riesgo de contagio que estaba prohibido el contacto social y la movilidad.

De cara a la cita del día 19 de diciembre, los socios del FC Barcelona tienen la oportunidad de actualizar sus datos sólo hasta mañana día 7-D para poder ejercer el voto electrónico en una campaña sigilosa y casi secreta, sin que haya quedado claro qué pasa con aquellos que no han podido entrar en la web para confirmar sus datos censales y qué pasa con todos aquellos que han de proceder a la preinscripción telemática sin disponer de conexión y habilidades para manejar internet ni usan correo electrónico.

Para todos esos miles de socios de edad, completamente al margen de la vida digital, no hay ninguna posibilidad de que puedan disponer de las mismas oportunidades. A Laporta le da igual porque también es indiferente e inocuo el resultado de la propia consulta.

Puede que, al final, esa consulta les acabe interesando más a los ciberatacantes que a los socios, como empieza a temer la directiva.

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