La Generalitat se ha retirado como acusación particular de la causa que afecta a siete independentistas -conocidos como ‘los 7 del 30G‘- por su participación en las movilizaciones de protesta con motivo de la investidura fallida de Carles Puigdemont, a los que se acusa de presuntos desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. Lo ha hecho esta mañana, al principio del juicio en la Audiencia de Barcelona, una decisión que ha llevado a los mossos implicados a presentarse como acusación por su cuenta.
Según el letrado de la Generalitat, Josep Lluís Florensa, la acusación se retira por orden de la Conselleria de Interior, porque durante la instrucción judicial no se han podido acreditar ni probar las supuestas lesiones de los acusados a los mossos. «El criterio determinante de nuestra actuación era la existencia de lesiones y en este momento no se puede determinar su autoría«, ha explicado.
Esta retirada ha propiciado que once agentes de los Mossos decidan presentarse como acusación particular por su cuenta, por lo que el juez ha decidido detener el juicio y ha dado quince días a los agentes para personarse con un abogado. La defensa de los acusados considera que «los agentes no tienen legitimación para personarse como acusación particular» ya que «no se puede determinar quién les hizo las lesiones», en palabras del abogado David Aranda. Una visión compartida por el también letrado de los acusados Xavier Monge, que defiende que «no es aceptable que se pretenda suspender el juicio por una maniobra extraña del letrado, y más cuando ya hubo el ofrecimiento de acciones a los agentes. Han tenido desde mayo de 2018 la oportunidad de comparecer en este procedimiento».
