La oferta del gobierno catalán para convencer a la CUP de cara a los presupuestos

El ejecutivo propone reducir las ratios de alumnos, limitar las intervenciones de la BRIMO y más vivienda pública

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès

El gobierno que preside Pere Aragonès ha hecho una oferta de última hora a la CUP para tratar de convencer a los anticapitalistas de avalar los presupuestos de 2022, que se enfrentarán al debate a la totalidad el próximo 22 de noviembre, después de que éste el lunes el Consejo Ejecutivo los haya aprobado. La oferta incluye, según ha publicado la ACN, una rebaja de ratios progresiva en Educación, cambios en el papel de la BRIMO de los Mossos de Esquadra, la internalización del 112, la construcción de vivienda pública y el desarrollo de los impuestos de la Ley del cambio climático.

En cuanto a la reducción de ratios, la idea del gobierno catalán es pasar de 25 a 20 alumnos por aula, progresivamente, a Infantil y Primaria, de modo que el curso 2022-2023 empezaría con 1.545 nuevos profesionales. Una medida que supondría incrementar en 56,8 millones de euros en el capítulo 1 del Departamento de Educación.

En relación con el orden público, el Ejecutivo de Aragonès defiende limitar todo lo posible la intervención del ARRO y la BRIMO de los Mossos durante los desalojos. Concretamente, Interior se compromete a monitorizar la evolución de los casos en los que se acabe requiriendo la intervención de estas unidades, y desarrollar un nuevo protocolo policial para las actuaciones bajo mandato judicial durante un desalojo.

La oferta del gobierno a la CUP también incluye la posibilidad de internalizar el 112, como ya contemplan las cuentas para el servicio del 061, así como la construcción de más vivienda pública. En este sentido, los anticapitalistas consideran insuficiente el incremento del presupuesto para vivienda de 300 a 750 millones, ya que creen que debería subir hasta los 1.000 millones de euros, por lo que el ejecutivo catalán -según ha avanzado RAC1– ha garantizado a los cuperos la construcción de 2.000 viviendas públicas y la compra de 1.000 más.

En cuanto a la Ley del cambio climático, el gobierno de Aragonès también se ha comprometido a impulsar antes de que acabe 2022 los impuestos pendientes de desarrollar, y ha garantizado que empezará este noviembre por el de las emisiones de óxido de nitrógeno emitidas por los grandes barcos.

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