Cuatro miembros del Instituto Catalán de Fianzas (ICF) han declarado ante la Fiscalía que la concesión de los avales por parte de la Generalitat, a través del ICF, a ex-altos cargos catalanes que tienen que pagar fianzas de 5,4 millones de euros al Tribunal de Cuentas, por la acción exterior relacionada con el procés, fue anómala y perjudicó al organismo, publica La Vanguardia.
Estos cuatro miembros, según la misma información, son los tres vocales independientes que votaron contra el aval y el consejero delegado que se abstuvo, quienes han reiterado como testigos en sede judicial los motivos que adujeron contra la concesión. En este sentido, consideraron que el procedimiento no fue ni informado, ni riguroso, ni independiente, ni profesional. Además, han planteado objeciones técnicas y han esgrimido que el ICF ha sido perjudicado porque consideran que, de esta manera, queda politizado, recoge también La Vanguardia.
En concreto, sobre la obligación del ICF de gestionar los fondos de los avales, marcada por el decreto de la Generalitat y afirmada en defensa del aval por los vocales que votaron a favor, los miembros de la ICF contrarios a la aprobación indican que las condiciones fijadas por la Generalitat son anómalas y pueden perjudicar su reputación hasta el punto de afectar una eventual homologación como entidad de crédito.
La delegada instructora del Tribunal de Cuentas, antes de decidir si admitía el aval facilitado por el ICF, esperaba recibir un informe de la Abogacía del Estado, que evitó implicarse. Ahora, según publica El Periódico, consta también la renuncia del gobierno de España a impugnar los avales, ya que se ha agotado el plazo legal para plantear recursos. Fuentes de la Moncloa citadas por el mismo diario defienden esta actitud aduciendo que el Consejo de Garantías Estatutarias y la Abogacía del Estado no cuestionaron la concesión de los avales.
