Pablo Llarena, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo e instructor de la principal causa sobre el procés, ha comunicado este jueves al Tribunal de Apelación de Sassari, a través de Eurojust, que la orden de detención y entrega dictada contra el expresidente catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont es vigente y está activa, y que no este no tiene inmunidad porque se la retiró el Parlamento Europeo.
Mediante un oficio, de hecho, Llarena ha solicitado al Tribunal de Sassari que ponga en marcha el procedimiento para entregar inmediatamente a Puigdemont a España, ya que, según argumenta, la euroorden no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El magistrado del Supremo, asimismo, ha señalado a la justicia italiana que, en caso de que el eurodiputado de Junts vuelva a solicitar al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que le restituya cautelarmente su inmunidad, y el TGUE lo haga, la ejecución de la entrega debe quedar suspendida hasta que el TGUE resuelva la demanda de Puigdemont sobre la concesión del suplicatorio por parte de la Eurocámara.
Llarena aduce, citando las recomendaciones del TJUE a los juzgados de los estados miembros de la UE sobre las cuestiones prejudiciales, que «la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria», que afecta al procedimiento nacional en espera de un pronunciamiento de la justicia europea, y que las medidas cautelares dependen de la decisión del órgano jurisdiccional nacional.
