La Fiscalía ha presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo contra la absolución de la CDR Tamara Carrasco, la activista que, por orden de la Audiencia Nacional, pasó cerca de un año bajo arresto domiciliario acusada de terrorismo. Carrasco, sin embargo, fue finalmente juzgada por un delito de incitación a los desórdenes públicos, por enviar mensajes vía WhatsApp sobre unas movilizaciones independentistas que estaban previstas, y tanto el juzgado penal número 25 como la Audiencia provincial de Barcelona la absolvieron.
La Fiscalía, sin embargo, no está de acuerdo con las sentencias y ha pedido ante el Supremo que la CDR sea condenada a siete años de prisión por el delito por el que fue juzgada y que contempla el artículo 559 del Código Penal, el cual se refiere a «la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo «.
El Ministerio Fiscal, en el escrito que ha presentado ante el Supremo, considera que la difusión de estos mensajes tenía «el fin de ejecutar actos de violencia sobre las personas y las cosas» mediante «manifestaciones o reuniones numerosas», y que, por tanto, se ajusta al delito de alteración del orden público aunque finalmente estos desórdenes no se produjeran.
El abogado de Carrasco, Benet Salellas, ha lamentado que la Fiscalía no acepte «el criterio garantista que llevó a la absolución de Tamara», y ha criticado que pida «una reinterpretación muy expansiva» del artículo 559 del Código penal para poder «castigar con independencia de lo que pase después y de si hay o no incidentes provocados por aquel mensaje».
Salellas ha recordado que «todavía no se ha explicado ni acreditado de donde sale el mensaje aportado por la Guardia Civil» a partir del cual se acusó y juzgó a Carrasco, y ha asegurado que, en cualquier caso, «las acciones de protesta que aparecen estarían amparadas por el derecho de reunión«. El abogado también ha señalado que «en un contexto de crítica y manifestación, criminalizar actos preparatorios como cortes de carretera y ocupaciones de instalaciones construye un escenario de política criminal que pone en peligro los derechos fundamentales».
