La empresa Aeropuertos Públicos de Cataluña (APC), que depende de la Generalitat, es un pozo sin fondo de pérdidas y, además, está gestionada de manera muy deficiente. Así lo pone de manifiesto el informe 11/2021 que ha realizado la Sindicatura de Cuentas, referente al ejercicio del año 2018, que se ha publicado recientemente.
Esta empresa es la titular y se encarga de la gestión de los aeropuertos de Lleida-Alguaire y Andorra-La Seu. Su presidente es el ex-diputado convergente Isidre Gavín, actual secretario de Territorio y Movilidad de la Generalitat. En virtud de un convenio firmado en 2014, el Gobierno de Andorra se hace cargo de una parte de los gastos del aeropuerto pirenaico y aporta unos 100.000 euros anuales.
Riesgo de quiebra
Según detecta el informe de la Sindicatura de Cuentas, la práctica totalidad del presupuesto para mantener en funcionamiento estos dos aeropuertos lo aportan, vía subvenciones, transferencias y convenios, las instituciones públicas (Generalitat, Diputación de Lleida, Gobierno de Andorra…), puesto que el negocio derivado de la explotación aeroportuaria es mínimo (solo el 2,8% de los ingresos). A pesar de estar “dopada” intensamente con dinero público, APC perdió 1,3 millones de euros en el ejercicio del año 2018, que se suman a los 531.307 euros que también perdió en 2017.
Buena parte de las pérdidas están derivadas de la imputación de las deudas de más de 10 millones de euros que reclama Hacienda, que le abrió una inspección por una presunta mala aplicación del IVA. Esta sanción ha sido recorrida por la empresa a los tribunales. La Sindicatura de Cuentas señala que, en caso de que la sentencia judicial fuera contraria, APC quedaría con fondos propios negativos y, por lo tanto, técnicamente en quiebra.
Gastos sin justificar
Pero, además de sus problemas fiscales, la gestión de APC también presenta muchas y graves anomalías, según detecta el informe. Empezando por el gran salario que se había asignado al director operativo de la empresa, que es casi el mismo que cobra un consejero del gobierno de la Generalitat, a pesar de que estos dos aeropuertos prácticamente no tienen actividad comercial.
La Sindicatura de Cuentas afirma que se ha encontrado con gastos por valor de 1,28 millones de euros que no tenían financiación presupuestaria y que no estaban justificados. También que los expedientes de contratación están plenos de irregularidades: en muchos no constan los pliegos de cláusulas administrativas ni las prescripciones técnicas, como es preceptivo; tampoco se especifican los criterios de adjudicación ni se hace una supervisión y aprobación de los proyectos de obras.
Contratos fraccionados
Se han otorgado contratos a empresas que no tenían la solvencia económica o técnica requerida. También hay adjudicatarios que no han presentado el obligatorio seguro de responsabilidad civil. Las anomalías también proliferan en los contratos menores que hace APC –como el fraccionamiento indebido de facturas- que, además, no comunica, como es su obligación, al registro central de la Generalitat.
La empresa pública que preside Isidre Gavín, según la Sindicatura de Cuentas, no cumple la ley de la Transparencia y muchos de los convenios que firma están mal formulados. En su informe, el organismo fiscalizador de la Generalitat insta a APC a que cumpla la normativa de contratación pública y respete los preceptos de “publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación”.
Irregularidades laborales
La política laboral de la empresa aeroportuaria también presenta irregularidades. El año 2018 se pagaron complementos salariales a la plantilla por 209.248 euros que no estaban previamente autorizados. También se ha detectado que hay 12 trabajadores que no tienen regularizada su relación contractual.
En sus conclusiones, la Sindicatura de Cuentas aconseja que APC segregue presupuestariamente los dos aeropuertos que tiene, puesto que el sistema contable que utiliza es un “caos” que impide hacer una gestión más racional de cada uno de ellos. Ante este desmadre contable y financiero, la aportación anual que hace el Gobierno del Principado para el funcionamiento del aeropuerto pirenaico cae en saco roto y se puede considerar que los andorranos son víctimas de una tomadura de pelo.
