El Consejo de Ministros ha inaugurado el nuevo curso político aprobando el decreto ley para la reforma de las pensiones, el paso previo para trasladar el texto al Congreso. La norma ha sido consensuada con los sindicatos de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), junto con la patronal CEOE, y ha sido definida como «una de las más importantes de la última década en materia de diálogo social».
El principal cambio consiste en ligar la revalorización de las pensiones en el Índice de Precios al Consumo (IPC), una propuesta que había quedado enterrada con la última reforma impulsada por el PP en el año 2013. La norma también incorpora incentivos para alargar la edad de jubilación y reforzar la estructura de ingresos de la Seguridad Social.
Así, la norma suprime los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, recorda que estas reformas forman parte de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en el marco del programa de recepción de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
