El abogado del Estado cree que la causa del Tribunal de Cuentas corre peligro si emite el informe de los avales

Rafael García Monteys ejerció de acusación durante la fase de instrucción y duda si la elaboración del escrito podría afectar el procedimiento

El Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas

El abogado del Estado, Rafael García Monteys, considera que elaborar el informe sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas a los líderes del procés por la causa del Tribunal de Cuentas, podría suponer «un riesgo de nulidad «si» rompe el equilibrio de las partes», ya que él mismo ejerció de acusación durante la fase de instrucción del procedimiento.

La delegada instructora de la causa, Esperanza García, pidió a García Monteys que emitiera un escrito sobre el aval -de 5,4 millones de euros-, pero el abogado del Estado ha preferido consultar antes a la Abogada general, Consuelo Castro, si conviene o no realizar el informe.

Como ha publicado La Vanguardia, en la consulta García Monteys expresa que tiene «dudas» sobre si es posible ejercer la función consultiva cuando se trata de asuntos relacionados con procedimientos en los que la Abogacía del Estado ha intervenido como parte. Sobre todo teniendo en cuenta, dice el escrito, que el servicio jurídico ha promovido la actuación del Tribunal de Cuentas para investigar si los líderes del ‘procés’ debían hacer frente a responsabilidades contables.

«La posición como parte en el procedimiento que da lugar a la solicitud del informe podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que debe regir la función consultiva», señala García Monteys en el escrito.

El abogado del Estado considera que la emisión del informe podría afectar el papel que la Abogacía ha tenido en el procedimiento, «condicionando el resto de su actuación» así como las actuaciones previas, ya que «podría dar lugar a un supuesto de nulidad de actuaciones». Por estos motivos, ante la duda sobre la existencia de un posible conflicto de intereses, García Monteys ha solicitado a la Dirección de la Abogacía del Estado que resuelva la conveniencia de elaborar el informe lo antes posible.

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