El Gobierno central ha llegado a un acuerdo para prorrogar hasta el 31 de octubre el llamado «escudo social» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en 2020 para hacer frente a las consecuencias que la pandemia ha causado a los colectivos más vulnerables. Tal y como han pedido varias entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Consejo de Ministros del próximo Martes aprobará la prórroga de las medidas que contempla el Real Decreto 8/2021, las que estaban previstas hasta el 9 de agosto.
Así pues, continuarán vigentes la suspensión de los desahucios de las familias que no tengan una alternativa de vivienda, la moratoria en el pago de alquileres -cuando los propietarios sean grandes tenedores- y la prohibición de cortar los suministros básicos a la población vulnerable. También se prorrogan el plazo para solicitar una moratoria en hipotecas y créditos y el bono social, que rebaja la factura de los suministros a las familias vulnerables, y se continuarán considerando como esenciales los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
La prórroga del «escudo social» del Gobierno de Sánchez coincide con la decisión de la Generalitat de hacerse cargo -a través de la Agencia de la Vivienda– del alquiler y de parte de la deuda de las familias vulnerables con fecha de desahucio. Además, con el fin de resolver el déficit de pisos sociales donde realojar a estas familias, el Gobierno catalán ha puesto en marcha este miércoles un plan de choque dotado con 20 millones de euros.
El objetivo es que los propietarios se conviertan en arrendatarios, proponiéndoles que la Generalitat cubra el alquiler de las familias vulnerables de cinco a siete años y que asuma también hasta seis meses de la deuda que hayan podido acumular, intentando así llegar a un acuerdo con los propietarios de pisos que tengan una fecha de desahucio para no echar a los inquilinos actuales. En cuanto a los casos cuya vulnerabilidad se está evaluando, el Gobierno catalán ofrecerá a los propietarios hacerse cargo de un contrato de alquiler durante dos o tres meses hasta que termine la evaluación. La Agencia de Vivienda también podrá avanzar la renta de 18 meses en caso de que el domicilio necesite obras.
De este plan se podrán beneficiar las familias que dispongan de un informe de vulnerabilidad y que estén de alquiler, ocupando el domicilio o bien que hayan perdido la vivienda por impago de hipoteca.
