El Consell de Garanties Estatutarias ha dado el visto bueno, aunque con recomendaciones, al fondo de 10 millones de euros creado por el Govern para hacer frente a las fianzas del Tribunal de Cuentas. La decisión se ha tomado por unanimidad.
El organismo consultivo que vela por la legalidad de los acuerdos adoptados por el Govern considera que este fondo se ajusta a la legalidad y dice que en ningún caso se puede considerar un despilfarro de caudales públicos.
Concluye, por tanto, que es un mecanismo válido para hacer frente a los 5,4 millones de euros de fianza que la treintena de ex cargos y funcionarios de la Generalitat tienen que pagar al Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Govern.
De hecho, la mayor parte de este dinero se han acabado avalando con dinero público a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).
El Consell, sin embargo, recomienda dos modificaciones al decreto ley, para argumentar mejor el papel que se da de forma temporal en el Instituto Catalán de Finanzas y para aclarar qué tipo de sentencia firme es la que obligaría a los perjudicados a pagar ellos las multas impuestas.
