El estado de derecho, dicen, se sustenta sobre tres poderes que deberían ser ejercidos de forma separada: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hay unas personas elegidas por la ciudadanía que elaboran las leyes en un Parlamento, un gobierno que las ejecuta, formado por personas designadas por un presidente investido por ese Parlamento y otras que vigilan que se cumplen que son elegidas… o no. Y aquí viene el problema.
No es que no tengamos problemas en los otros dos niveles. En Cataluña hemos tenido gobiernos de un color político por que la ley electoral no es proporcional y se eligen cámaras legislativas donde las zonas menos pobladas están infrarrepresentadas. En Estados Unidos, esta desproporción es tan exagerada que pueden investir presidentes que obtienen tres millones de votos menos que otro candidato.
Y el tema de los jueces es de traca. Cada país se lo organiza a su manera. En Estados Unidos el presidente nombra a los jueces de la Corte Suprema aunque necesita el apoyo de la mayoría del Senado. Leyes que han vivido un trámite muy largo por las dos cámaras parlamentarias de este país pueden toparse con una mayoría de jueces a la Corte Suprema que las tumben. Hay estados de EE.UU. donde los candidatos a juez se tienen que presentar a elecciones primarias y otros donde los nombra directamente el gobernador. El Tribunal Constitucional de Alemania nos da de vez en cuando un susto porque sus miembros creen que están por encima del bien y del mal y, sobre todo, por encima de la legislación y los acuerdos de la Unión Europea. En Europa, el sistema judicial belga es de un oscurantismo insólito y en determinadas zonas de Italia donde las mafias tienen mucho peso ser juez es una profesión de alto riesgo.
En España, ya lo sabéis: un Consejo General del Poder Judicial, el órgano superior de los jueces, que se elige en el Congreso pero que hace años que no se renueva porque el PP sabe que perdería consejeros de su confianza. En Cataluña, la mayoría independentista que ahora manda pretendía colar una Constitución donde el presidente de la Generalitat designaba a los máximos representantes de la judicatura. Ríete de Corea del Norte.
Elegidos o designados por quien sea, el caso es que el poder de los jueces es a menudo excesivo y sin opción para recurrir sus decisiones. Y también contradictorio. Un juez puede autorizar el toque de queda para evitar contagios por la Covid en Cataluña y otro prohibirlo en Las Canarias. O el Tribunal Constitucional español decidir que no es conforme a ley del estado de alarma decretado por el gobierno para combatir la expansión de la pandemia. E ignorar que aquel decreto salvó miles de vidas.
Es evidente que las decisiones judiciales gustan a unos sí y a otros no. El asesino que se ahorra ir a prisión porque el juez o el jurado que le ha tocado no acaban de ver claro su caso se queda encantado de la vida. Muchos de los que aplauden las condenas exageradas a los dirigentes que declararon la independencia de Cataluña cargan contra los jueces que han puesto al descubierto la financiación irregular del PP.
Algo hay que hacer. Tomarse la justicia por la mano no es ninguna alternativa. Quizá llegue el día en que se introduzcan todos los datos del caso que se juzga en un ordenador y un robot de última generación dicte sentencia. Mientras llega ese día -que da mucha grima- sería de desear que encontremos un sistema que nos ahorre la incongruencia de que un juez nos envíe a casa a la una de la madrugada en Barcelona y otro nos deje danzar por las calles de Tenerife hasta la hora que nos apetezca.
