Mas-Colell no quiere esperar a la amnistía y a la mesa de diálogo para responder al Tribunal de Cuentas

El exconsejero de Economía apuesta por un acuerdo entre el gobierno central y la Generalitat, así como por la vía de los avales y los créditos bancarios

Andreu Mas-Colell
Andreu Mas-Colell

L'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell

El exconsejero catalán de Economía durante la legislatura de Artur Mas, Andreu Mas-Colell, uno de los 40 excargos de la Generalitat al que el Tribunal de Cuentas reclama 2,8 millones de euros por la promoción y la acción exterior del proceso independentista entre 2011 y 2017, se ha mostrado contrario a esperar a la amnistía que pide el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonès, para los implicados. En su opinión, tal como ha expresado en una entrevista en RAC1, «envolverse con la amnistía da sensación de debilidad».

Mas-Colell también ha pedido al gobierno de la Generalitat que no incluya la causa del Tribunal de Cuentas en la mesa de negociación con la Moncloa. Considera que, como los acusados ​​disponen sólo de quince días para ingresar las fianzas -que suman un total de 5,4 millones de euros- la mejor solución es la adopción «de acuerdos rápidos y técnicos».

«El proceso del diálogo es muy importante a medio y largo plazo, pero el tema del Tribunal de Cuentas no es para la mesa de diálogo. La derecha enquistada en los aparatos del Estado y el aznarismo tienen que acostumbrarse a que sus lanzas no pinchen, y para eso no se necesitan grandes declaraciones de amnistía sino acuerdos rápidos», ha comentado el exconsejero de Economía.

Mas-Colell confía en que el gobierno central y el de la Generalitat lleguen a un acuerdo «para neutralizar los efectos del Tribunal de Cuentas» y, a diferencia de lo que propone Aragonès, apuesta por la vía de los avales y los créditos bancarios para asegurar las fianzas y «parar el primer golpe», en referencia a los embargos.

El exconsejero ha calificado de «venganza» la causa del tribunal y ha asegurado que nunca recibió ningún aviso sobre la ilegalidad de los gastos del Departamento de Acción Exterior. «Se nos aplica un concepto de justicia perverso: si el 1 de octubre no hubiera sucedido, ahora los hechos ocurridos entre 2011 y 2015 se verían diferente. Esto no es justicia. La justicia debe funcionar con independencia de lo que pueda pasar después. Esto es venganza política y nada más», ha sentenciado Mas-Colell, que no descarta llevar la causa ante la justicia europea.

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