El exdiputado y exportavoz de JxCat el Parlamento Eduard Pujol fue apartado de la militancia del partido del ex Carles Puigdemont no sólo por el presunto acoso sexual a dos militantes, sino que también tuvo que ver una batalla interna, revela El Periódico citando fuentes de JxCat.
Pujol ha sido restituido como militante esta semana después de que, en los ocho meses que pasaron desde que estalló el asunto, no se haya presentado ninguna denuncia contra él en los tribunales. Pujol, que siempre negó los hechos, ha recibido ahora las disculpas del partido, que por boca de su secretario general, Jordi Sànchez, ha dicho que la restitución era el «primer paso», pero «no el último».
Según publica El Periódico, el entorno del exdiputado lo considera la víctima de un acoso continuado desde marzo de 2019 y de un linchamiento a JxCat en octubre de 2020, cuando se dieron a conocer las acusaciones de acoso y fue apartado. También indican que le privaron del derecho de defenderse.
La misma información recoge la confirmación de varias fuentes de la formación de Puigdemont que enmarca este caso en un pulso por el poder interno. En este sentido, se especifica que Pujol actuó judicialmente junto a un amigo en un caso de divorcio no amistoso, con lo que se ganó enemigos en el partido.
También se refleja el parecer de otras fuentes que consideran excesiva la actuación contra Pujol, así como disconformidad por la actividad parlamentaria del exportavoz y su falta de apoyos internos.
Una voz que se levantó el pasado otoño a favor de la presunción de inocencia del exdiputado fue la de Josep Martí i Blanch, exsecretario de Comunicación de la Generalitat durante la presidencia de Artur Mas, que consideró que se había «matado políticamente y también por un tiempo socialmente» a Pujol.
Martí reprochó a la exconsejera y dirigente de JxCat Elsa Artadi que «lo condenó desde el atril dejando la presunción de inocencia, a la que se refirió con extrema pereza, sin ningún valor». Junts defendió entonces que había actuado ante informaciones «graves y urgentes» contra Pujol, y Jordi Sánchez ha afirmado esta semana que la información que tenían no era falsa, pero sí «incompleta».
«Esto no puede volver a pasar. La protección de la mujer ha de llevarse al límite, pero el precio no puede ser la muerte civil de una persona que no ha hecho nada», ha declarado recientemente Pujol a El País. El exdiputado emprendió acciones legales contra las dos mujeres que le acusaron y que finalmente no le llevaron a los tribunales.
