La primera reunión sobre el futuro del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha finalizado con la postura favorable del gobierno catalán a la propuesta de Aena para ampliarlo. El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha asegurado en la rueda de prensa que «el gobierno no bloqueará las inversiones que deban hacerse en el aeropuerto de El Prat», aunque ha impuesto la condición de conectar los aeropuertos de Barcelona, Reus y Girona con el AVE.
Puigneró también ha manifestado que «Cataluña necesita vuelos de calidad», y por ello considera que hay que convertir el aeropuerto en un hub internacional: «No podemos permitirnos el lujo de que ni Barcelona ni Cataluña tengan vuelos intercontinentales». Ahora bien, el vicepresidente advirtió que si no se destinan también nuevas inversiones para Reus y Girona, el ejecutivo catalán «no jugará esta partida».
El gobierno central, representado en la rueda de prensa por el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, se ha mostrado de acuerdo con el planteamiento de la Generalitat, y ha manifestado que «en los próximos meses hay que aprobar el documento con las inversiones en conjunto de aeropuertos». Así pues, Saura ha instado a la administración autonómica y a los representantes de los municipios afectados a llegar a un acuerdo antes de septiembre, y ha asegurado que será del todo garantista con el medioambiente.
Las voces más críticas han sido las de Ada Colau y Lluís Mijoler, los alcaldes de Barcelona y El Prat de Llobregat, respectivamente, que han exigido más informes sobre la ampliación y el impacto medioambiental que provocará. «Evidentemente que queremos infraestructuras, pero debemos reducir las emisiones de manera urgente. Recuerdo que tanto Barcelona como Cataluña hemos declarado la emergencia climática«, ha expresado Colau.
Mijoler ha calificado la presión de Aena de «chantaje» porque considera que se basa en un discurso economicista, y ha comentó que, a su juicio, la UE no permitirá la ampliación porque el impacto medioambiental en la zona de La Ricarda será demasiado grande. «Tenemos que decir sí y lo tenemos que hacer en un mes. Y si no lo hacemos, seremos los malos de la película y negaremos el progreso en Cataluña», se ha quejado el alcalde de El Prat.
Tanto la afectación medioambiental como el resto de puntos del acuerdo se tratarán en una mesa técnica donde estarán presentes las diversas partes -Generalitat, gobierno central y representantes de los municipios afectados- con la que se pretende llegar a una decisión consensuada.
