En la primera época de la pandemia de la Covid 19, cuando se diseñaron las prioridades de actuación en todos los ámbitos, una vez subsanados siquiera parcialmente problemas de recursos como los destinados a la protección de los sanitarios y la ciudadanía, y conocidos la clínica y los mecanismos de transmisión del virus, también con importantes lagunas de ignorancia, se inició el proceso de toma de decisiones para atajar su difusión.
En los procesos de toma de decisiones en los que existen diversas posibilidades de actuación estratégica y operativa, una de las primeras fases del análisis consiste en la priorización de aquellas medidas que se piensa pueden ser más efectivas, eficientes y con mejor balance beneficio/daño. Una vez establecida la priorización, las acciones que no resultan elegidas pasan a segundo plano en distintas facetas y, en consecuencia, reciben menos atención y recursos.
Parece evidente que, desde el inicio de la pandemia, la prioridad asistencial primordial se ubicó en el ámbito hospitalario y, dentro de este, en los servicios de cuidados intensivos. Esta priorización se ha traducido de forma clara en la asignación de mayores insumos adicionales para este ámbito y de prácticamente ninguno o muy escasos para otros componentes del sistema como los de atención primaria y comunitaria y salud pública. La preocupación principal de los políticos (y de determinados expertos) ha estado dominada por un claro hospitalocentrismo que ha permitido incrementar las dotaciones de camas hospitalarias ordinarias y de cuidados intensivos mientras que, por el contrario, a nadie le ha temblado la mano a la hora de cerrar centros de salud y trasladar a sus profesionales a los hospitales ya existentes o a los nuevos, provisionales o definitivos. Los protocolos asistenciales diseñados han desaconsejado de forma prácticamente absoluta las visitas presenciales en los centros de salud lesionando gravemente una de las bases conceptuales de la atención primaria y comunitaria. En lugar de dotar a estos centros y a sus profesionales con los elementos necesarios para una asistencia segura y de proporcionarles los recursos de todo tipo, organizativos y materiales, precisos para adaptar su actividad a la nueva situación, se decidió simplemente cerrarlos y dedicar a los profesionales a realizar llamadas telefónicas. La accesibilidad de los pacientes a los profesionales se ha visto gravemente deteriorada por estas decisiones.
Esta situación percibida por todos se ha hecho compatible con abundantes declaraciones políticas, intensificadas con la pandemia, que pregonan el papel nuclear de este componente del sistema sanitario. Un cinismo político al que todo el mundo, incluidos los propios profesionales, parece haberse ido acostumbrando poco a poco y que consigue paralizar en gran parte sus reivindicaciones de mejora y cambios profundos.
La priorización prácticamente absoluta del confinamiento estricto, los cierres sectoriales y el hospitalocentrismo asistencial casan bien con una visión esquemática del problema y sus soluciones basada en el aislamiento social como medida preventiva prácticamente única y en la atención de los pacientes graves en hospitales y unidades de cuidados intensivos. El resto del sistema sanitario, esencialmente la atención primaria y comunitaria ha actuado y lo sigue haciendo hoy como mero comparsa al servicio de esta estrategia.
Una de las principales obligaciones, por no decir la esencial, de los servidores públicos es la rendición de cuentas a la ciudadanía de los resultados de sus actuaciones. Ya veremos cuándo y cómo tiene lugar esta evaluación en esta pandemia y en nuestro país. En todo caso creo que existe un riesgo muy importante de que si se produce, lejos de reconocer los posibles errores cometidos y rectificarlos de cara al futuro, se persista en ellos por estar absolutamente convencidos de que la dirección de las estrategias adoptadas fue la correcta.
