El Parlamento Europeo ha instado a los Estados miembros y las autoridades locales y regionales a adoptar disposiciones legales en materia de alquiler. Entre otras medidas, la Eurocámara avala el uso de mecanismos de control de las rentas, como el que prepara España en la nueva ley estatal de vivienda.
Para asegurar la estabilidad de los inquilinos, esta institución solicita «garantizar la seguridad de la tenencia, favoreciendo los contratos de alquiler a largo plazo predeterminado, junto con la transparencia y medidas como el control de los alquileres». También ha puesto el foco, «con preocupación», en la creciente mercantilización de la vivienda.
En el caso español, el gobierno de coalición se encuentra en plenas negociaciones internas para incluir un control de precios de las rentas en la próxima ley estatal, basado previsiblemente en el índice de precios de referencia que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) presentó en verano. La normativa, en la que PSOE y Unidas Podemos difieren en varios puntos, incluyendo varios detalles del propio control de las rentas, debería llegar al Consejo de Ministros a finales de febrero para trasladarse a Congreso en marzo.
