Los centros que emplean a discapacitados al borde del colapso

Tres de cada cuatro centros en Cataluña han cerrado el año con pérdidas económicas

Michael Kissel, 36, transports paper to be shredded at the Westmoreland County Blind Association in Greensburg. Kissel, who has Down syndrome, said he earned $57 on his last biweekly paycheck.

El 77,6% de los Centros Especiales de Trabajo están en situación de pérdida económica porque, en este 2020, no han facturado lo previsto. En Cataluña hay 205 de estos centros, que emplean y ocupan unas 16.333 personas con discapacidad intelectual y unas 9.500 que sufren un trastorno mental. Estas personas registran las tasas más bajas de empleo. En declaraciones de Carles Campuzano, director de Dincat, entidad que agrupa las diferentes asociaciones del sector: «Es una responsabilidad pública garantizar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad o con problemas de salud mental, dos colectivos que tienen una tasa de paro del 43%, muy por encima del resto de población, y que tienen el derecho, como todo el mundo, a una vida laboral digna».

La crisis sociosanitaria de la pandemia no ha hecho más que empeorar un sector, infrafinanciado, que arrastra una grave situación económica desde hace diez años y que comenzó con los recortes presupuestarios del gobierno de Artur Mas.

Además, y según explican desde AMMFEINA y Dincat, representantes de las entidades y asociaciones de iniciativa social, el sector de la inclusión laboral está en un punto de fragilidad muy grave por qué, a los malos resultados económicos, se debe sumar que, en sólo tres años, se ha incrementado en un 35% la masa salarial de plantilla sin que haya aumentado la financiación de la Generalitat. Las asociaciones piden a la Administración que se ponga al día con respecto a las subvenciones para poder hacer frente a todos los gastos.

La situación de estos centros es muy preocupante, tanto, que tres de cada cuatro, han cerrado con pérdidas en torno al 25%. Una situación insostenible a la que quieren hacer frente pidiendo un plan de choque que contempla el aumento de la financiación para paliar los efectos de la crisis y blindar los puestos de trabajo que ofrecen estas entidades. Argumentan desde el Dincat y AMMFEINA que hay que preservar y garantizar los puestos de trabajo de este sector. Alrededor del 10% de personas con discapacidad han perdido su trabajo en empresas ordinarias debido a la crisis de la covid-19.

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