La “regularización” por Juan Carlos de Borbón -rey abdicado desde 2014- de 678.393 euros ante la Administración Tributaria española desvela, ofensivamente para todos los ciudadanos, cómo quien ha ocupado la más alta jerarquía del Estado durante 36 años, desprecia y pisotea la Constitución de 1978. Sobre todo, cuando acaba de aprobarse -que no de cumplirse- el Ingreso Mínimo Vital que, para algunos núcleos familiares, representa la módica cantidad de 7.199,86 euros anuales. Pero es la consecuencia de una Monarquía instituida por la Dictadura, aunque luego fuera ratificada por el pueblo español. Pero dicho individuo, más allá de ciertos méritos de su primera etapa, no puede, bajo ningún concepto, desconocer que la Constitución que lo aupó a la categoría de primer miembro de la institución monárquica le exigía y le sigue exigiendo una conducta del máximo respeto y lealtad a la Constitución.
Cabría hacerle varias preguntas para acreditar que, en la medida en que ha desobedecido flagrantemente la Constitución, ha hecho de la institución que representaba y controlaba una institución antidemocrática merecedora del más duro reproche y de ser sometida a juicio de todos los españoles. Sr. Juan Carlos, ¿sabe Vd. que era el primer responsable de “garantizar un orden económico y social justo”? ¿Sabe Vd. que tenía el deber de procurar que “la libertad e igualdad de los españoles fueran reales y efectivas”? ¿Cuál ha sido su aportación para estos fines constitucionales? Rotundamente, ninguna. Es más, se ha aprovechado de su altísimo cargo para profundizar la desigualdad social y económica -la reciente regularización es una de las muchas muestras- y fomentar una sociedad cada vez más fragmentada y pobre. Ante esta durísima realidad, es preciso que las Instituciones del Poder Judicial no eludan sus responsabilidades-como ha hecho hasta ahora el Tribunal Supremo- y que la ciudadanía celebre el día en que Juan Carlos I sea juzgado penalmente.
Pero no tiene bastante. Ha aprovechado su alto cargo para empobrecer aún más a España enriqueciéndose ilícitamente y, además, incumpliendo sus deberes fiscales.
Y, como tantos otros ciudadanos poderosos y adinerados se ha librado, por ahora, de ser perseguido por el delito de fraude fiscal-en directo perjuicio de la mayoría- por el privilegiado trato que el C.Penal aún otorga a los delictivamente enriquecidos al permitir que queden libres de responsabilidad penal -como los Pujol- si el defraudador abona parte de la deuda dentro de un plazo.
Gracias a ello -como ahora el abdicado- quedaron excluidos de ser perseguidos penalmente los 659 ciudadanos españoles, denunciados por Falciani, que a través de 3.000 cuentas corrientes en el HSBC de Suiza, -Sr.abdicado, ¿le suena?- habían omitido reconocer y declarar ante la Hacienda Pública española una suma aproximada de 6.000 millones de euros.
Pero una parte importante de la delincuencia fiscal que practica el abdicado sería imposible sin la ayuda de los paraísos fiscales y, en particular, según parece, de la Isla de Jersey. No es el momento de extendernos sobre esta compleja e inaudita realidad. Pero si recordar las voces que muchas veces han exigido su desaparición ante la culpable pasividad de los Gobiernos y de la comunidad internacional. Entre otras, la Resolución del Congreso de Diputados (BOCG 20-5-2005) que reclamaba “concentrar las actuaciones investigadoras en aquellos ámbitos y sectores, en los que se han detectado bolsas de fraude más importantes como los paraísos fiscales”.
Los paraísos fiscales “pueden constituir un obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros países y creando incentivos para la delincuencia económica” (Parlamento Europeo, Abril 2010). El propio Parlamento, el 8 de marzo de 2011, declaró que el fraude fiscal en la UE era, entonces, de 200.000 a 250.000 millones de euros.
El Congreso de Diputados, “en respuesta a las demandas de la ciudadanía”, el 12 de Julio de 2011 aprobó instar al Gobierno a “continuar reforzando la lucha contra el fraude fiscal y a respaldar, de manera coordinada con la comunidad internacional, la supresión de los paraísos fiscales”.
Ha sido inútil. Ahí siguen, amparando el lado más oscuro de la economía -el fraude fiscal, el blanqueo de capitales, el tráfico de personas y de armas y el terrorismo-.
Lo exponía muy bien el nº 4 de la revista Alternativas Económicas. En España, desde luego incluyendo a Catalunya, un banquero gana anualmente tanto como 329 maestros. Y, otro dato completamente expresivo de la desigualdad existente. Un millar de directivos bancarios gana anualmente 700 millones de euros. Así lo expresaba también el profesor Fontana: la consecuencia de las actuales políticas económicas es ”el enriquecimiento gradual de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás” (El Futuro es un país extraño. Editorial Pasado&Presente).
A cuanto exponemos, debe añadirse la Causa que Juan Carlos I tiene abierta ante el Tribunal Supremo -la num.21092/2018- por la querella que presento Izquierda Unida y otros querellantes por diferentes conductas presuntamente penales, pendientes -¿hasta cuándo?- de ser definitivamente investigadas.
El Rey abdicado, ya antes de su actual status, contribuyó activamente a su ilícito enriquecimiento, con independencia de su posible inviolabilidad. El pueblo español, ante la terrible crisis, sanitaria y económica que está viviendo, ya no puede soportar más abuso de poder y enriquecimiento hasta ahora impune. ¡Váyase, Váyanse!
