Endesa, la compañía eléctrica propiedad de la multinacional italiana Enel, amenaza con dejar a oscuras a los habitantes de la Vall Fosca (Pallars Jussá). A principios del siglo XX, se construyeron las primeras centrales hidráulicas de Cataluña en esta zona de los Pirineos con el objetivo de producir y vender electricidad a la conurbación de Barcelona.
Los residentes de la Vall Fosca vieron como su paisaje quedaba arruinado por las enormes instalaciones construidas por la empresa Energia Eléctrica de Catalunya, que décadas más tarde acabaría integrada en Fecsa y, posteriormente, en el grupo Endesa. A cambio de permitir la ocupación de terrenos de propiedad comunal, el Ayuntamiento firmó en 1927 un acuerdo con la compañía eléctrica, según el cual los vecinos del valle tendrían, como compensación por esta cesión, una importante bonificación de las tarifas oficiales por kilovatio consumido.
Episodios de alta tensión
Desde hace 10 años, Endesa intenta suprimir las ventajas que tenían el Ayuntamiento y los habitantes de la Vall Fosca en virtud de la firma de ese acuerdo, que la empresa considera ya periclitado. Ello ha desatado un largo litigio, con varios episodios de alta tensión, provocados cuando la compañía ha amenazado con cortar el suministro de energía a los vecinos rebeldes.
Estos han respondido al acoso de Endesa dejando de pagar las facturas y denunciando en los tribunales el importe del IVA que les quiere cargar. Una primera fase de este conflicto se cerró en 2016, cuando los vecinos acordaron pagar facturas pendientes desde 2009 hasta 2014.
Plazo de 90 días
Pero la guerra sigue abierta y los habitantes de la Vall Fosca, a la espera de que se resuelva la disputa jurídica sobre el IVA, dejaron de abonar de nuevo las facturas que Endesa les giraba. En los últimos días, la compañía eléctrica italiana ha comenzado a enviar cartas a sus abonados de la Vall Fosca, exigiéndoles el pago de las facturas pendientes desde 2015, con la amenaza de que, en caso de que no lo hagan, procederá, en un plazo de 90 días, a cortar el suministro.
Los vecinos siguen firmes en cuanto a la plena vigencia del convenio firmado en 1927. Según sus cálculos, la factura que les tocaría pagar es una vigésima parte del importe habitual de los recibos que Endesa emite a sus clientes por el consumo doméstico de electricidad.
Las concesiones están caducadas
La gran paradoja del conflicto que enfrenta a Endesa con el Ayuntamiento y los vecinos de la Vall Fosca es que las cuatro centrales de producción eléctrica que la empresa explota en esta zona ya tienen su concesión vencida, según la jurisprudencia firme emanada del Tribunal Supremo. En otras palabras, Endesa exige el cobro de unas facturas que no tiene derecho a emitir.
La Ley de Aguas del año 2000 fija que todas las concesiones hidráulicas tienen un periodo máximo de vigencia de 75 años. Una vez finalizado este plazo, la titularidad de la concesión debe volver al Estado. Concretamente, a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).
Robo permanente
Las cuatro centrales eléctricas que Endesa explota en la Vall Fosca (Auxiliar, Capdella, Molinos y La Plana) tienen su concesión agotada desde hace años y, por tanto, la empresa está en falso. Sólo la incomprensible pasividad de la CHE y de la Generalitat permiten que, con total impunidad, Endesa robe y venda cada año millones de kilovatios generados por el agua del lago Gento y el río Flamisell.
La CUP ha denunciado contundentemente esta grave anomalía y ha llevado el caso a la Fiscalía y a la Oficina Antifraude, sin demasiado éxito. En el Pirineo catalán hay diez centrales hidroeléctricas que trabajan con la concesión caducada, la mayoría de ellas en manos de Endesa. La Diputación de Lleida, además de otras instituciones de la zona, ha reclamado que la CHE proceda a la recuperación de estos embalses, como marca la ley.
Miquel Roca y Eugenia Bieto vigilan
Para los italianos de Enel, su filial española Endesa es una ubérrima vaca lechera que le da unos 1.500 millones de euros de beneficios cada año. Y Cataluña, donde la empresa tiene casi el monopolio de la producción y la distribución de electricidad -heredada de la absorción por Endesa de Fecsa, Hecsa y Enher-, constituye su principal fuente de ingresos.
Para vigilar de cerca sus intereses en Cataluña, los italianos han incorporado a dos miembros que viven aquí a su consejo de administración de Endesa: se trata del abogado Miquel Roca Junyent y de Eugenia Bieto, exdirectora general de Esade. La telaraña de relaciones VIP aportada por estos dos miembros del consejo de administración es una red de seguridad ante los graves conflictos que la empresa tiene en Cataluña (las concesiones vencidas de centrales hidroeléctricas en los Pirineos y la continuidad de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs).
Para consolidar sus buenas relaciones con el gobierno de la Generalitat, Endesa creó un consejo asesor en Cataluña y fichó en 2011 a David Madí, la mano derecha de Artur Mas, como presidente. Pero el activismo independentista de David Madí -confirmado ahora por las grabaciones del caso Volhov- precipitó su destitución y la disolución de este organismo en 2017.
