El gobierno catalán ha anunciado la aprobación de un decreto ley para parar los desahucios de grandes tenedores de vivienda hasta que el propietario ofrezca un alquiler oficial al cual le obliga la ley, a pesar de que, según ha explicado la misma consejera y portavoz del gobierno, Meritxell Budó, la Generalitat no tiene competencias para parar todos los desahucios.
Por eso, ha pedido al gobierno español que traspase esta competencia o pare todos los procesos de desahucio en todo España, como hizo durante la primera oleada de la pandemia de la Covid-19. En el marco actual y a pesar del decreto ley de la Generalitat, los jueces podrán acogerse a la legislación española y ordenar desahucios a los Mossos d'Esquadra.
Sin embargo, Budó ha afirmado que los lanzamientos quedan "explícitamente suspensos" hasta que el gran tenedor haya facilitado el alquiler social como le obliga la ley. Además, este decreto interrumpirá desahucios de personas que ya han ocupado un piso de grandes tenedores entre julio del 2019 y el inicio del actual estado de alarma, si cumplen los requisitos de vulnerabilidad. La norma va más allá que el decreto del gobierno español, que suspendía los desahucios contra las familias que sufran la vulnerabilidad a consecuencia de la crisis del coronavirus.
Además de la aprobación del decreto ley, enfocado a parar desahucios de "colectivos vulnerables" mientras sea vigente el estado de alarma u otras restricciones de la movilidad por motivos sanitarios, el gobierno catalán ha anunciado que la Generalitat destinará una partida de 40 millones a vivienda, de los cuales 12 millones se reservarán para casos de emergencia, para pagar alojamientos de familias sin recursos.
