Las protestas ante los hoteles donde se alojaban los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía desplazados a Cataluña para impedir el referéndum del 1-O podrían acabar con penas de prisión. Así lo considera el servicio de Odio y Discriminación de la Fiscalía provincial de Barcelona.
Según un escrito del ministerio público entregado al Juzgado de Instrucción de Arenys de Mar, la protesta ante un hotel de Pineda de Mar, en el Maresme, donde pernoctaban los agentes serían constitutivos de un delito de coacciones.
La Fiscalía de Barcelona solicita tres años de prisión e inhabilitación a la que en 2017 era primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pineda de Mar, Carme Aragonés, y el segundo, Jordi Masnou, del PSC, así como al jefe de la policía local por las presuntas coacciones ejercidas ante los amos de dos hoteles en que dormían miembros de las fuerzas de orden público desplazados a Cataluña con motivo del referéndum unilateral del 1-O.
El ministerio público cree que "amenazaron a los amos de los hoteles con cerrar los establecimientos durante cinco años si no echaban a los agentes, cosa que pasó el 3 de octubre".
