Los funcionarios de prisiones de Cataluña quieren estar protegidos, es decir, disponer de equipos de protección individuales (EPI), mascarillas que no estén caducadas, protocolos de actuación, desinfección de los centros por parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y acceso a los tests de detección rápida de la Covid-19 tal como se hace en el resto de centros de España. Los funcionarios catalanes consideran que se menosprecia su cuerpo y que ni siquiera les reconocen la categoría de servicio esencial que se merecen.
El coordinador de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip Cataluña), Francesc López, subraya que la preocupación del gobierno de la Generalitat está en otro lugar, afirmando que "a la consejera de justicia Esther Capella le preocupa más como aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y que Oriol Junqueras pueda pasar el confinamiento en su casa, que adoptar medidas para que los funcionarios puedan estar seguros".
López ha remarcado que "las prisiones se pueden convertir en un foco peor que los geriátricos" y se ha mostrado muy crítico con la política de la Generalitat, y ha evidenciado las diferencias entre los centros penitenciarios de Cataluña y el resto del Estado: "Durante el estado de alarma se supone que estamos bajo un mando único pero la Generalitat tiene competencias y esto ha hecho que las directrices sean diferentes. Por ejemplo, la desinfección. No puedes comparar lo que está haciendo la UME en Madrid con las empresas de limpieza que lo están haciendo aquí, pero la Generalitat argumentó que no había que recurrir al ejército. Además, en otras comunidades autónomas tienen tests para poder determinar si los funcionarios son positivos o portadores y aquí, no nos ha llegado ninguna prueba".
La diferencia de directrices queda patente en los documentos a los cuales ha tenido acceso EL TRIANGLE donde, por ejemplo, la Delegación de Gobierno de Andalucía, pide celeridad a la hora de realizar los tests a los funcionarios de prisiones. Una respuesta que contrasta con el "tono paternalista y condescendent", segundo Acaip, que se desprende de la carta firmada por el Secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Armand Calderó, en que se pide "unión y solidaridad" ante la pandemia mientras faltan los tests y los materiales para hacerle frente.
Esta, entre otras, ha sido la razón por la cual Acaip pidió al Ministerio del Interior que las prisiones catalanas estuvieran sólo bajo su mando sin que la Generalitat tuviera ninguna competencia, por la "mala gestión" según sus palabras. En un documento enviado por Rosa Garcia Montero, la directora del gabinete del ministerio, y al cual hay que ha tenido acceso EL TRIANGLE, muy amablemente, eso sí, se les vuelve a derivar a la Generalitat.
Una respuesta que desde Acaip han considerado "no correcta, puesto que la Generalitat no está tomando las medidas de control y seguridad del resto de penales". Los funcionarios de prisiones catalanes no quieren más buenas palabras sino hechos, materiales y los tests para evitar que los centros se conviertan en los siguientes grandes focos de la pandemia.
