La consejera catalana de Salud, Alba Vergés, ha informado que 212 personas de los más de 64.000 usuarios de residencias catalanas, ya sean de gente mayor, para discapacitados o para personas con trastorno mental, han dado positivo en la prueba del coronavirus. Vergés ha subrayado que 70 residencias catalanas se ven afectadas y que entre este fin de semana y hoy se han repartido en estos centros más de 50.000 mascarillas y guantes para los profesionales que atienen los usuarios.
La titular de Salud del ejecutivo catalán ha anunciado también que duplicarán la capacidad de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales esta semana y que el objetivo es triplicarla la semana que viene. La planificación de la red asistencial estará en manos de una comisión de diez expertos de cuidados intensivos dirigida por el doctor Ricard Ferrer, jefe de servicio de Medicina Intensiva del Vall d'Hebron. En este sentido, Vergés ha explicado que del prácticamente millar de pacientes que se encuentran en la UCI, 658 están por coronavirus, de los cuales 538 requieren ventilación mecánica invasiva.
Hoy en día, y teniendo en cuenta datos del departamento de Salud, el 95% de las UCI del Hospital de Sant Pau o el Consorcio Sanitario de Terrassa están destinadas a pacientes con coronavirus; en el caso del Vall d'Hebron es un 73% y en el caso del Parc Taulí de Sabadell es un 52%.
El consejero de Interior, Miquel Buch, ha detallado el número de detenciones y de identificaciones en las últimas veinticuatro horas: 8.674 identificaciones a personas, 9.120 a vehículos, cuatro cierres de establecimientos, cuatro actas de denuncia a locales o establecimientos, 18 detenciones y 2.781 actas contra personas. Por otro lado, 44 agentes de los Mossos d'Esquadra o de diferentes policías locales han dado positivo en la prueba del coronavirus y 1.432 efectivos permanecen confinados.
Por otro lado, la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, ha explicado que el gobierno catalán ha creado una bolsa de voluntariado de trabajadores públicos para hacer hacer tareas de apoyo administrativo y técnico en las áreas de salud, protección civil y seguridad ciudadana, siempre que no presten servicios básicos estos días. Budó también ha exigido al gobierno central que cree una renda de ciudadanía que garantice unos ingresos mínimos a la ciudadanía.
