Durante las semanas previas y posteriores al referéndum del 1 de octubre de 2017, Barcelona se convirtió en el foco de atracción de extraños visitantes que no venían, precisamente, a hacer ni turismo ni negocios. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está muy preocupado por la injerencia de potencias extranjeras en el caso catalán. Sus sospechas están focalizadas en la Rusia de Vladímir Putin, de quien se cree que está detrás de determinadas operaciones subterráneas.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene abierta una causa sumarial secreta sobre la posible participación de agentes del Departamento Central de Inteligencia (GRU) ruso en operaciones de apoyo del movimiento independentista catalán. Según ha trascendido, se investiga la presencia en España, en 2016 y 2017, de Denís Serguéiev, un oficial del GRU. También está en el radar del CNI la Unidad 29155, un grupo militar de élite que trabaja a las órdenes del Kremlin y que está detrás de varias maniobras de desestabilización en Europa.
En este contexto, EL TRIANGLE ha podido documentar la sospechosa presencia en Barcelona de un grupo de unos 70 ucranianos durante el otoño de 2017. ¿Qué hacían? ¿Por encargo de quien trabajaban? Parece obvio que, en su caso, Ucrania –país emisor de sus pasaportes– actuaba como pantalla al servicio de terceros. ¿De quién?
La historia que ha podido reconstruir EL TRIANGLE señala que este grupo de 70 ucranianos llegó a Barcelona a finales del mes de septiembre de 2017, en vigilias del referéndum de independencia promovido por el gobierno de la Generalitat de Junts x Sí, con el apoyo de las entidades ANC y Òmnium Cultural.
Estos 70 ucranianos, de perfil joven, se instalaron, haciéndose pasar por parejas, en 35 pisos de Barcelona, alquilados a través de la inmobiliaria Engel & Völkers. Según las fuentes consultadas por EL TRIANGLE, los precios que pagaron por los alquileres eran caros –en muchos casos, por encima de los 3.000 euros al mes– y los abonaron al contado, sin regatear.
El ejército de ucranianos se quedó en Barcelona durante tres meses, hasta finales de 2017. En algunos de los pisos que ocuparon durante su estancia dejaron rastro de instalaciones eléctricas preparadas para enchufar numerosos ordenadores y conexiones en Internet. Esto hace pensar que estos jóvenes se dedicaron intensivamente a tareas informáticas, supuestamente relacionadas con la agitación y difusión de la causa independentista a través de las redes telemáticas.
En la organización de la estancia de estos 70 ucranianos en la Barcelona que estaba en plena ebullición por el proceso independentista tuvo una participación el empresario de origen israelí Morris Moshe Benisty, que aparece en el Registro Mercantil como administrador de las sociedades Nadlan BCN y JMB Investments 2014 SL. Según las fuentes consultadas por EL TRIANGLE esta fue la persona encargada de negociar el alquiler de los 35 pisos, además de un despacho en un edificio de oficinas que también utilizó este grupo.
Morris Moshe Benisty, que fue militar en el pasado, aterrizó en Barcelona en 2014 para desarrollar negocios inmobiliarios. A través de su empresa Nedlan BCN se adjudicó dos edificios de la Generalitat, privatizados durante la etapa de consejero Andreu Mas-Collell: Torre Muñoz del paseo de Gràcia y las dependencias de la consejería de Trabajo, a la calle Sepúlveda.
Para quedarse estos dos inmuebles, tasados en 63,5 millones de euros, el empresario israelí depositó una paga y señal de 16 millones. Pero la operación se truncó poco después, con la llegada de Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona, puesto que paró las recalificaciones urbanísticas. Morris Moshe Benisty tuvo que pleitear contra la Generalitat para intentar recuperar estos 16 millones de euros que ya había abonado.
Según informó EL TRIANGLE en su momento, el abogado que asesoró al empresario israelí en la compra de estos dos inmuebles fue Joan Laporta, el expresidente del Barça. En aquella época, Laporta era regidor del Ayuntamiento de Barcelona por una coalición independentista encabezada por ERC.
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