La Generalitat obliga consejerías y empresas públicas a recortar el gasto y reducir el presupuesto. Así se pretende evitar que se incumpla el objetivo de déficit. El Departamento de Economía ha ordenado que se paren los proyectos, contratos y subvenciones que todavía no se hayan tramitado.
La orden entró en vigor el miércoles y también exige a las entidades públicas como la Corporación de Medios Audiovisuales o los Ferrocarriles de la Generalitat que gasten un 6% menos de lo que tenían previsto.
La justificación que da el mismo vicepresidente, Pere Aragonés, al documento oficial es que si se incumpliera el déficit, tendría unos "efectos negativos para la economía y el bienestar".
Aragonés también critica que estos objetivos de déficit que fija el Estado son una "arbitrariedad".
Hay ámbitos que quedan excluidos de esta orden. El recorte no se aplica al gasto en salud, educación, universidades, bienestar y familias, incendios o atención a la infancia.
