Torra miente sobre el dictamen del grupo de trabajo de la ONU

No es vinculante, pero el presidente catalán afirma en el Parlament que es "de obligado cumplimiento"
Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña
Quim Torra, en el Parlamento de Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reprochado a Ciudadanos  durante la sesión de control de este jueves que no respeta la presunción de inocencia, después de que el partido naranja tratara nuevamente de golpistas a los dirigentes del proceso juzgados en el Tribunal Supremo, y ha añadido que se tiene que respetar esta presunción, como también "la legalidad internacional".

Seguidamente, en relación a "la legalidad internacional", Torra ha hecho mención del dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU que pedía la excarcelación de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, del que ha dicho que se trata de "una resolución" y que es "de obligado cumplimiento". En la línea seguida hasta ahora, el gobierno catalán ha difundido en Twitter las declaraciones de Torra atribuyendo la "resolución" a "las Naciones Unidas".

El contenido del documento referido por Torra, sin embargo, no es vinculante ni representa una posición oficial de la ONU, si bien dictámenes como este han sido tenidos en consideración en tribunales internacionales. El gobierno español, por su pared, cargó contra dos de los responsables del dictamen por un posible conflicto de intereses, ya que trabajaron con Ben Emmerson, abogado de Junqueras y los Jordis.

Además, el gobierno de Pedro Sánchez había desacreditado el posicionamiento de este grupo de trabajo, reprochándole, entre otros puntos, que se había pronunciado sin saber los delitos que se imputan a los dirigentes del proceso y que había considerado que se los está juzgando por sus ideas. También había criticado que omitía la importancia de la separación de poderes al pedir la excarcelación al gobierno español, una exigencia de la que se ha hecho eco Torra.

El dictamen, con fecha del pasado 25 de abril, se reveló un mes después, justo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazara una demanda presentada por Carles Puigdemont, Carme Forcadell y 74 diputados más de la anterior legislatura contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender el pleno parlamentario del 9 de octubre de 2017, en el que se preveía tratar el resultado del 1-O. El TEDH consideró la decisión del TC necesaria "en una sociedad democrática" para "mantener la seguridad pública, la defensa de la orden y la protección de los derechos y libertades ajenos".

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